Harvard denuncia el veto de Trump a los extranjeros

Un tribunal federal de Massachusetts revocó ayer la prohibición de la Casa Blanca contra la matriculación de alumnos extranjeros en Harvard tras admitir la moción presentada solo horas antes por la propia universidad. La magistrada Allison Burroughs falló a favor de la institución en la demanda contra la Administración Trump, que el jueves prohibió la matriculación de estudiantes extranjeros, acusando a Harvard de ser un caldo de cultivo de antisemitismo y conductas “proterroristas” a favor de la causa palestina en la guerra de Gaza. Burroughs es la misma jueza que está deliberando otra demanda de Harvard contra una orden de congelación de fondos federales.

El Gobierno ya lanzó advertencias previas a varias universidades, pero esta medida marcó un paso sin precedentes. La prohibición impide a Harvard admitir a estudiantes internacionales durante el curso 2025-2026, lo que obligaría a esos alumnos a trasladarse a otra universidad o perder su estatus legal en Estados Unidos.

El Gobierno justificó esta decisión alegando que Harvard perdió el privilegio por negarse a entregar la información solicitada y por perpetuar un ambiente inseguro, que según sus palabras resulta hostil para estudiantes judíos y aplica políticas de diversidad consideradas racistas. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, comunicó la medida en una carta oficial, reclamando pruebas sobre actividad ilegal, amenazas o participación en protestas de estudiantes extranjeros.

Además, exigió expedientes disciplinarios y cualquier evidencia sobre amenazas contra estudiantes o personal, así como posibles casos de privación de derechos. Noem advirtió que proporcionar información falsa o incompleta podría acarrear consecuencias penales y acusó a la universidad de fomentar la violencia y el antisemitismo en su campus.

Orden “inconstitucional”

En respuesta, Harvard presentó una demanda contra Noem, el director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio. La universidad pidió que se declarara inconstitucional la orden por vulnerar la Primera Enmienda y la cláusula del debido proceso legal, y solicitó suspender temporalmente la aplicación de la medida.

“Acción de represalia”

La institución calificó la decisión como una acción ilegal, injustificada y de represalia que amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a Estados Unidos, socavando su misión académica y de investigación. Su portavoz, Jason Newton, destacó el compromiso de Harvard con estudiantes y académicos internacionales de más de 140 países, que enriquecen a la universidad y al país.

El presidente de Harvard, Alan Garber, denunció que la medida pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes y envía un mensaje alarmante a alumnos y profesores, asegurando que la universidad hará todo lo posible para seguir abierta al mundo. Esta situación ha provocado preocupación en el ámbito académico y en la comunidad internacional, que observa de cerca el desarrollo del caso.