Sindicatos policiales y Consejo de Estado critican la regulación

Se denominan perfiles de riesgo a la serie de situaciones que permiten que un delincuente pueda burlar los controles ordinarios de su situación e incluso de su identidad, cuando ésta depende de las verificaciones que aporte, en el caso de los que han entrado o se hallan en situación irregular en un país, del de su origen. El Gobierno de progreso del doctor Sánchez lo ha previsto, porque sabe que eso ocurrirá, y cuando transcurrido un plazo fijado, el inmigrante no pueda aportar esa certificación porque su país no se la ha facilitado en plazo, bastará con su propia declaración de que es persona de orden para que sea regularizado sin más. ¿Cómo probará su identidad, con qué documento verificable, si hasta hemos visto como muchos de los que llegan en pateras, sobre todo magrebíes, se deshacen de las mismas para evitar ser identificados y en su caso, retornados?

Los sindicatos policiales, desde el primer momento alertaron no ya de los riesgos del comprobado efecto llamada, sino de la propia incapacidad de la estructura administrativa y policial que debe verificar el proceso, al no disponer ni los agentes ni de los medios necesarios para afrontarlo. Son los propios policías los que advierten de trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político". 

Conviene advertir la serie de coincidencias con los sindicatos policiales en cuanto a las objeciones del Consejo de Estado al Real Decreto del Gobierno, a las previsiones y modo de llevar a cabo la regularización. Se trata de evitar que la regularización alcance a los delincuentes, dada la falta de rigor en los controles penales, la mezcla con el asilo y la inseguridad jurídica del decreto. Es evidente que la trascendencia del asunto requería un debate político y mayor consenso entre los partidos políticos. El Consejo también se ha fijado en la relajación que supone aceptar, a falta de otros documentos, “la declaración responsable del interesado”, lo que puede facilitar el fraude de los solicitantes. O sea, que da igual

El Consejo dice que eso es incorrecto que en su preámbulo diga este Real Decreto es de origen legislativo, por lo que debe eliminarse del mismo y de la memoria toda referencia a “participación ciudadana” o “demanda social”, ya que se trata de un texto reglamentario, que sale del Gobierno, no del Congreso. Véase que aumenta las previsiones de las solicitudes que su formularán de modo exponencial. El Gobierno ha editado y distribuido un folleto electrónico explicando el procedimiento y objetivos de la tramitación. Dice que esta iniciativa responde a un amplio consenso por lo que toma la forma de “iniciativa legislativa popular”, pese a que no sale del Parlamento, cosa que el Consejo de Estado le corrige por el uso de esa expresión. Dice que no existe efecto llamada y considera suficientes la fórmula de prevención para evitar que se cuelen delincuentes y que la medida responde, en todo caso la urgencia social y a un amplio consenso político, económico y social.

¿Es que al Gobierno de mayoría progresista no le preocupan los perfiles de los riesgos que encierra no ya su medida, sino el modo de llevarla a cabo? Porque, como es fácil de suponer, las limitaciones a la información real de quienes son los regularizados, se reduce o simplemente desaparece la capacidad de verificar las condiciones necesarias para ser regulado, precisamente por lo que los sindicatos policiales señalan la imposibilidad en determinados casos de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. Y al tiempo, durante un largo periodo se va a incrementar la presión sobre los cuerpos policiales y de seguridad que tendrán que ser retirados de otras funciones de seguridad y mantenimiento ordinario del orden público. No hace falta recordar que Europa mantiene una expresada prevención con respecto a la medida del Gobierno de España. Y ello da lugar a paradojas notables como la que señala el Sindicato Unificado de Policía, ante los riesgos de la actuación aislada de España en disonancia con el resto de Europa. Aparte de todo ello, las organizaciones criminales y de tráfico de emigrantes se han apresurado a crear sus propias estructuras de negocio, ya detectadas, en cuanto a abrir un mercado de falsificaciones de todos los documentos falsos, pero necesarios, para acogerse a la regularización masiva.