Sánchez coloca al Estado a los pies del fugado

Existe un interesante video, donde Pedro Sánchez explica porque “no dormiría tranquilo, como los demás españoles, teniendo en su Gobierno a Pablo Iglesias y que éste tuviera acceso a la CNI”, por lo que insiste en anatemizar al dirigente de Podemos, que luego haría ministro, por ser, entre otras cosas partidario del referéndum de independencia de Cataluña, para termina enfáticamente preguntándose “¿Qué Gobierno sería ese?”. Cierto, ¿pues qué Gobierno es este que se pliega a la imposición de un fugado de la Justicia que le impone abrir y poner a su alcance (además en el extranjero, para que sea mayor la humillación del Estado), alimentando la sospecha de un acto ilegal del propio Estado, dentro de una estrategia de ataque continuado al mismo? Porque ese es el objetivo con el añadido de que esa imposición forma parte del lote o precio para seguir respaldando al citado presidente que depende de aquellos que, por sus principios, nunca serían sus valedores.

Pedro Sánchez se pliega de nuevo a otra imposición del fugado y envía a su número 3 como embajador volante a resolver la cuestión. El Gobierno ha ofrecido a Junts —especialmente interesado en reactivar la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre los atentados del 17-A en Catalunya— la desclasificación por parte del Consejo de Ministros de la información secreta o reservada sobre este asunto que obre en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como consta en un borrador de acuerdo sobre el que trabajan los grupos parlamentarios. Y todo esto dentro de un lote a cambio de su apoyo a la senda de déficit. Y el itinerario incluye e la la transacciónt información por parte del CNI sobre el registro de visitas a Abdelbaki Es Satty, también conocido como el imán de Ripoll, en la prisión de Castellón por parte de los miembros de los servicios secretos, así como la transcripción de las entrevistas mantenidas por los agentes del Centro Nacional de Inteligencia y el cerebro de los ataques yihadistas que causaron 16 muertos y más de 300 personas heridas.

Junts enviaría a sus emisarios a tomar nota en la Comisión de Secretos Oficiales. Y anoten: La comisión de investigación tiene como objeto “saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados”, porque el indepentismo cree que el Estado pudo tener responsabilidad en el acto terrorista. Y es que el fugado en Bruselas y también los de ERC, no se fían, creen que hubo conspiración, y se creen que el asunto quedara zanjado, pese a que la sentencia del Tribunal Supremo desmontó la teoría de la conspiración que implicaba al CNI en los ataques, lanzada sin prueba alguna por uno de esos medios que respalda al Gobierno de progreso, sin la menor prueba,

Pero Pedro Sánchez se agarra a lo que sea para que Junts no le tumbe por segunda vez, la comisión de investigación ha cogido el impulso político necesario para reactivarse. Según el diario La Vanguardia, el documento sobre el que trabaja PSOE y Junts, fija como el objeto de la comisión es “aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas, o de cualquier otra índole, en los atentados de Barcelona y Cambrils”. Pero el asunto va más lejos, porque aparte de abrir los archivos del CNI, deberán comparecer “el conjunto de las administraciones públicas, autoridades y funcionarios, así como de cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuantos documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto. La comisión se da un primer plazo, como en todas las investigaciones políticas de este tipo, de seis meses desde su constitución, pudiendo ampliarse dicho plazo por acuerdo de esta”. Todo claro.