¡Queremos cobrar más!

En los tiempos que corren, con el enorme grado de polarización existente en nuestra sociedad, es cada vez más difícil mantener conversaciones políticas en reuniones de amigos y conocidos. Sin duda lo habrán experimentado. Yo tengo la fortuna de contar todavía con el grupo de amigos de siempre, los que hiciste de adolescente en el instituto y de los que no te separaste nunca más, aunque la vida haya dada mil y una vueltas. En este grupo hay ideologías variopintas que abarcan todo el espectro político, desde un extremo al otro. Y nos da exactamente igual.

Escribo este artículo porque el otro día hablábamos, entre otras cosas, de los salarios. Todos estábamos de acuerdo en que los sueldos en España son bajos pero, sin embargo, discrepábamos de manera abismal tanto en el diagnóstico como en las soluciones. Cuando entre dos personas formadas existen discrepancias de calado sobre una cuestión, es evidente que ambas están aproximándose al tema desde esquemas conceptuales contrapuestos. Y ambas consideran que el otro está equivocado.

En la conversación, una de mis amigas pensaba como la ministra Yolanda Díaz que estos días de atrás declaró: “los salarios en España son bajos y hay que subirlos”. Con ese “hay que subirlos” quieren decir que hay que subirlos por ley. Yo trataba de explicar que eso no ha funcionado nunca, no va a funcionar ahora y no funcionará jamás. La realidad no se hace a golpe de BOE. Si así fuera, legislaríamos que todo el mundo fuera feliz, por ejemplo. La realidad no está subordinada al voluntarismo político. Creer que sí es la receta para el desastre.

Desde 2019, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 735 euros a 1.080 euros mensuales, con una subida acumulada superior al 45% en apenas cinco años. Nadie niega la intención de fondo: mejorar las condiciones de quienes menos ganan. Pero las buenas intenciones no bastan en economía. Las consecuencias de esas decisiones, cuando se toman al margen de la productividad o la estructura del mercado laboral, son reales y precisamente afectan a los colectivos más vulnerables. Esto lo ha demostrado claramente el Banco de España en sus últimos informes. El Banco de España del PSOE, he de añadir, para eliminar cualquier atisbo de duda.

Es incierto —como repite la izquierda— que subir el SMI no tenga efectos adversos. Sí los tiene, y muchos. El propio Banco de España lo ha cuantificado: la histórica subida del 22% en 2019 destruyó o impidió la creación de entre 90.000 y 170.000 empleos. Y lo hizo con precisión quirúrgica: impactó sobre jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, trabajadores poco cualificados y empleados de sectores de bajo valor añadido. Justo aquellos que más necesitan una puerta de entrada al empleo. Otra cosa es que los estadistas del gobierno se hayan dedicado a maquillar estas cifras y camuflarlas, pero la realidad es la que es.

Esto es algo absolutamente esperable. El salario de una persona está relacionado con su productividad. Y la productividad de una persona está relacionada con su formación, sus habilidades, su conocimiento o su experiencia. ¿Qué pasa si una persona es capaz de aportar valor o producir por, digamos, 900 euros mensuales? Que si obligas a un empresario a pagarle a esa persona 1.080 euros mensuales, jamás le va a contratar. Simplemente porque no va a producir ni siquiera lo que cuesta. Perderás dinero con esa persona y lo que harás será contratar a otra más productiva con la que no pierdas dinero. Por eso, las subidas del SMI afectan más a las personas con menor productividad, es decir, a las más vulnerables.

Esto lo han explicado muchos economistas a lo largo de la historia. No es nada nuevo. Si el salario mínimo está por encima de la productividad real del trabajador, lo que hace es prohibir que esa persona trabaje legalmente. No se le protege: se le expulsa del mercado. Se le niega la oportunidad de competir. Un joven que todavía no aporta lo suficiente como para justificar un salario de 1.080 euros simplemente no será contratado. Y si lo es, será en condiciones precarias, o directamente fuera del mercado formal.

En el caso de nuestro país, los estudios del Banco de España son demoledores al respecto. La subida tan pronunciada del SMI en los últimos años ha afectado de manera más contundente a sectores de baja productividad o mano de obra intensiva: agricultura, hostelería y comercio minorista. ¿Y qué es lo que hemos visto en esos sectores? Fundamentalmente tres cosas: una reducción de horas contratadas, una menor conversión de contratos temporales en indefinidos y un mayor uso de la economía sumergida (más contratos en negro). Insisto, no lo digo yo, sino el Banco de España.

El diagnóstico, por tanto, es erróneo. Entiendo que las intenciones son buenas, pero los resultados no son los deseados. La intención de redistribuir la riqueza acaba dando como resultado excluir del mercado a quienes no pueden alcanzar el umbral de productividad de forma natural. En un país como España, donde la productividad laboral es baja en comparación con otros países y donde abundan las microempresas con márgenes estrechos, fijar salarios desde el Boletín Oficial del Estado no es solo un error: es una irresponsabilidad.

En un país como el nuestro, donde una parte importante del PIB corresponde a sectores de baja productividad como los mencionados más arriba, subir el SMI sin mejoras equivalentes en eficiencia o tecnología supone ahogar a las pequeñas empresas, que muchas veces acaban prescindiendo de personal o quebrando. Imaginen una PYME con tres empleados que a duras penas llega a fin de mes y le obligas a subir el salario un 45% en cinco años. ¿Qué creen ustedes que pasará con alguno de esos tres empleados?

¿Quiere esto decir que yo estoy a favor de que los salarios no deban subir? En absoluto. Ojalá los salarios fueran mucho más altos. Los salarios deben crecer, pero lo deben hacer en base a la productividad. Forzar una subida artificial del salario mínimo sin tener en cuenta la estructura productiva del país es como subir el listón en una competición de salto de altura sin entrenar a los atletas: no se consigue que salten más, se consigue que no salten.

La política laboral debería centrarse en mejorar la empleabilidad: más formación, más flexibilidad, menos costes regulatorios y más incentivos al empleo juvenil. Del mismo modo, debería centrarse en conseguir unas empresas más productivas y eficientes, a través de la inversión en I+D y desarrollos tecnológicos. La productividad en España lleva décadas plana, sin crecer, por eso los salarios no suben. ¡Porque los salarios suben con la productividad! Si no fuera así, ¿por qué subir el SMI a 1.080 euros? ¿Por qué no subirlo a 3.000 euros o, mejor, a 8.000 euros mensuales? Si la subida es positiva y no afecta en nada a la economía, ¿por qué subir solo el SMI? ¿Por qué no legislamos que todos los españoles cobremos el triple a partir de mañana?

El empleo digno no se legisla, se construye. Y mientras la izquierda siga creyendo que los precios pueden fijarse por voluntad política sin consecuencias económicas, seguirá contribuyendo —con o sin quererlo— a la exclusión de los más vulnerables del mercado laboral. Porque cuando el salario mínimo se convierte en un techo infranqueable para cientos de miles de españoles, lo que se está legislando no es un derecho: es una prohibición. La prohibición de trabajar y ganarse la vida dignamente.