Por qué la malversación no puede quedar impune

En el proceso de deconstrucción del aparato jurídico mismo, sobre el que descansa el Estado de Derecho, anda ahora empeñado en la procaz tergiversación de los propios conceptos concretos, que tienen claro significado en el sentido común sobre lo que quiere decir malversación. En la reforma que ya hizo el PSOE y sus socios, para asegurar la impunidad de Puigdemont, que Sánchez se comprometió a asegurar en los tratos que lo reinstalaron en la Moncloa, se quiere remachar la operación. Lo de la malversación es fácil de entender: Mal uso de los recursos públicos, por parte de quien debe tener como misión protegerlos y administrarlos lealmente, porque le han sido confiados por los ciudadanos (que los generan con su trabajo y sus impuestos). Y como los fiscales del Supremo no tragan con las componendas de Sánchez y Cía, estamos en un buen lío institucional. Y como la desvergüenza ya está instalada ni siquiera guardan las formas. Y hablan de democracia y de Derecho, chapoteando, eso sí, en su propio lodo.

En su día el Gobierno de progreso y sus consocios, ya aplicaron la agenda marcada para acomodar la malversación a lo necesario (hecho virtud) para librar a Puigdemont y otros de incomodidades que los fiscales del Supremo estiman vigentes plenamente en los supuestos agravados. Y con todo descaro se dice que lo dispuesto en España, a partir de 2015 no estaba en consonancia plena con las previsiones en los mismos casos de países como Italia, Francia o Bélgica, Alemania o el mismo Reino Unido, especialmente severo en lo que se considera un abuso de confianza e infidelidad. Y eso es mentira.

Esa es la clave, la malversación de caudales públicos es un delito grave que atenta contra la supuesta confianza depositada en las autoridades y funcionarios encargados de la administración del patrimonio público. ¿Cómo se pretende que en España emplear esos fondos para financiar la secesión rebaja el grado, porque no fue directamente a los bolsillos de los ejecutores? ¿Y el daño causado a la sociedad? El PSOE y sus socios han sido muy habilidosos en orden a evitar el alcance de los actos del independentismo, dentro del lote pactado, que quedan a cubierto con el artículo 432 del Código Penal, reformado a la carta, en el que tiene cabida el uso temporal de bienes públicos sin animus rem sibi habendi (sin intención de tener la cosa para sí) que viene a ser una chiquillada sin importancia. Y lo más indignante que los malversadores no tienen que devolver el dinero que usaron indebidamente. Para esos está la amnistía.

Se pretende cerrar las responsabilidades a toda consecuencia desfavorables para los contratantes. Y no es a causa del interés general, sino de adaptar la ley a procaces necesidades personales a costa de prostituir los conceptos mismos. Hablamos de dignidad, de confianza, de responsabilidad por el daño causado. La disculpa de que el malversador no lo haga en beneficio propio, ese hecho excluya, exima o libere de responsabilidad penal y moral, al que se aprovecha del cargo para emplear los recursos públicos para fines para los que no estaban destinados. Aparte de que es discutible que no se beneficie de otro modo directo de esa apropiación.

La Unión Europea está dispuesta a promover una unificación de legislaciones que llegue a ser como una barrera rotunda, que evite que como ocurre en España, el chalaneo subsidiario se imponga a la cordura en beneficio de los confirmados delincuentes. De momento, no vamos en esa onda, sino al contrario, porque forma parte de un lote del mercadeo. Es proceso tiene sus hitos marcados: supresión del delito de sedición, reforma inicial de la malversación, indultos, amnistía ampliada. Y lo que queda. Europa quiere que quienes incurran este tipo de delitos, además de las sanciones penales efectivas, se les retribuya con penas adicionales como multas, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos o cualquier otra función de servicio público. Y además la creación de una verdadera conciencia del valor de lo público y su resguardo. Aquí no se habla de eso, sino de “el olvido penal” de los actos de los que malversaron con todas sus consecuencias. Es como una burda o paradoja, que en ese mismo espacio donde se malversó, se negocia ahora cesión de la gestión total, con un régimen especial singular y personalizado de los propios impuestos que ya se usaron para quien sabe si repetir los mismos delitos. Pero también es un trato más.