Próxima parada, el referéndum de independencia, ¿es que cabe dudarlo?

No creo que haya imágenes más abyectas en la historia política española que la que se desprende de las declaraciones públicas de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Illa y Marlaska explicando enfáticamente por que la amnistía era inconcebible en nuestro Estado de Derecho porque no era constitucional. Era 2023. Poco después, sin ninguna otra explicación ya lo era. ¿Es que acaso no escarmentamos y otorgamos alguna credibilidad a ese sujeto que dijera que no dormiría teniendo a Podemos en el Gobierno, que por sus principios nunca podría pactar –o sea, ceder ante sus imposiciones—con el independentismo para llegar a la Moncloa, o aquello del “no es no y nunca es nunca, si quiere se lo repito cien veces”? Ahora, con el Constitucional en su mano, lo tiene más fácil. Es curioso, pero a Sánchez le ha venido bien el enredo de lo de la OTAN, porque ha venido a distraer a la sociedad española sobre el escándalo que envuelve a su partido en las mallas de dos de sus hombres de máxima confianza y al asistente de uno de ellos, de la misma confianza, como guardián de las actas –vaya usted a saber—que colocaron a Sánchez en la cima del partido.

De todas las manifestaciones ponderadas contra la sentencia de la amnistía, destaca la del discrepante César Tolosa, que ha emitido un duro voto particular contra la norma del olvido penal. Considera que el hecho de que el TC haya concluido que la amnistía encaja en la Constitución abre la puerta a futuros procesos de independencia y a usar una nueva amnistía como herramienta de negociación en el futuro. Y hacia ese camino vamos. Dentro de la lógica euforia de los vencedores, que no han cedido en nada en cuanto a la plena impunidad de sus actos, sus objetivos y sus metas, con total claridad, Junts y ERP proclaman, como su hubiera dudas, la amnistía no es puerto de llegada, sino estación intermedia de lanzamiento hacia la otra e irrenunciable meta, el referéndum de independencia. Y para eso ya tienen apoyos.

No dudan en tergiversar el contenido del artículo 92 de la Constitución, donde entienden que se puede encajar el referéndum consultivo que es como llaman ahora al de la independencia. El artículo 92.1 CE que dice que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados”. Dice “todos”, y todos es todos. Pero como son malabaristas del lenguaje, ya vemos que cuando Sánchez dice una cosa se puede interpretar que quiere decir lo contrario, podrían sacarse de la manga que, aunque “todos” no quiere decir sólo los de una parte, pueden ahora (ya que la Constitución se reforma sobre la marcha como conviene) limitar la consulta a quienes, insisto en ello, tengan vecindad civil en determinadas parcelas del territorio nacional. El referéndum consultivo es figura interesante sobre todo, por lo que significa de nuevo intento de incorporar a una Constitución eminentemente representativa algunas fórmulas de democracia directa, según los constitucionalistas.

Se sabe que entienden –y Puigdemont exige- que el Gobierno pudiera celebrar un referéndum limitado a la población de Cataluña. Me pregunto si alguien puede sostener razonadamente que el 16 por ciento de la población española pueda decidir la reforma de la Constitución, para desmontar el Estado tal y como lo configura la de 1978 y proceder a habilitar lo que, en todo caso, tampoco sería unánime criterio de los ciudadanos con domicilio en Cataluña que forman parte de ese 16 por ciento de la población. Ahora Junts y Esquerra exigen la celebración de un referéndum para que tengan efectos en su aplicación y no un mero ejercicio de consulta sin consecuencias. ¿Cómo se puede sostener una pregunta como la que se propone para que no “todos” los ciudadanos se pronuncien sobre algo que afecta al conjunto, llegado el caso? De la pregunta ya circulan varios modelos, pero todos llevan al mismo sitio: que Cataluña deje de ser parte de España. Si Sánchez quiere seguir sin convocar elecciones, no tiene otro camino que seguir lo que le impongan Puigdemont y el resto. Y que dejen de decir que Cataluña está mejor cuando el propio Illa ha asumido, menos el referéndum por ahora, todas las metas de los independentistas: creciente número de embajadas, Hacienda propia, extensión del idioma incumpliendo la ley sobre el uso del castellano, representación genuina como un Estado distinto de España en organismos internacionales, control de fronteras y del espacio marítimo, etc.