Profesionales del Derecho

La manipulación que están sufriendo desde el poder las instancias más dignas de cuidado y respeto que conforman nuestro orden jurídico, proponen una necesaria reflexión que no solo debería ser patrimonio exclusivo de los representantes políticos sino, especialmente, de las organizaciones colegiadas que acogen a los profesionales del Derecho. El debate se asoma cada día a las pantallas de la televisión como resultado de un desencuentro brutal que afecta a los dos grandes partidos del espectro político, batalla a la que se suman para hacer el coro, las formaciones de segundo nivel que suelen alinearse con los primeros espadas en la bronca de todos los días. Pero no son estos iracundos tertulianos de escaño, púlpito y cantinela desgraciadamente preestablecida y claramente ordenada desde sus más altas instancias los que debería discutir el destino del poder judicial sino precisamente aquellos que lo conforman y se juegan su futuro. Si el escenario que se ha ido conformando en torno a la carrera judicial permite las constantes trasgresiones protagonizadas por un Fiscal del Estado que puede acabar sentado en el banquillo por prevaricación, se muestra indolente ante la incapacidad para reconstruir el entarimado representativo del Consejo General del Poder Judicial, y ahora se tapa los oídos al comprobar cómo el Tribunal Constitucional adquiere un papel que no le corresponde para impedir que los reos relacionados con los ERES de Andalucía cumplan las condenas que le fueron impuestas en procedimientos impecables por las más altas instancias judiciales de la nación, yo me atrevería a sugerirles que están jugando con fuego y que si ellos no reaccionan y lo impiden haciendo valer su condición, estamos solamente ante el inicio de una deriva que puede acabar incluso con el propio sistema. Es sorprendente y en verdad desquicia asistir a una función que permite esta invasión inexplicable de competencias, este tratamiento burlesco de su tarea escenificado en el Congreso y el caos más incalificable en el reparto de actuaciones y competencias. La culpa de todo ello habrá que buscarla y poner freno, porque de no ser así, el sistema se va a hacer puñetas.

Y seremos los ciudadanos los que paguemos el pato. Si en vez de instituciones sólidas, serias y trasparentes nos juzgan las que están ahora ejerciendo, vamos a ser los damnificados. Y eso es muy serio.