El problema del problema

La ausencia de vivienda accesible que ratifique el mandato constitucional en el que se reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, lleva camino de convertirse en un problema absolutamente capital en un ámbito en el que nadie ha dado aún con la fórmula que permita poder aminorar su efecto. Cada año trascurrido es un año más de agudizar un problema que no tiene solución hoy y mucho menos lo tendrá mañana, sospecho yo como muchos otros resignados contribuyentes a los que no solo no se les explica razonablemente y con el debido pormenor en qué se gasta el dinero de sus impuestos, sino que no hay personalidades de verdadero prestigio y talento suficiente para abordar con garantías esas múltiples carencias. La táctica seguida por el Gobierno ha sido durante estos últimos tiempos el conocido recurso de apelar a agentes externos para tratar de desviar la atención de los administrados, especialmente en esta última etapa cuajada de episodios insostenibles en la que tanto comportamiento injustificable está soliviantando comprensiblemente al ciudadano que es quien en realidad pone el dinero. Cuando a nadie parecían importarle un cambio de horario ni lo consideraba necesario en un escenario en el que sobran los verdaderos problemas, España se planta en los foros de la UE para abrir ese melón y tratar de imponerlo. Ayer, la diplomacia española retomó su cruzada por imponer el catalán como lengua oficial en la Europa comunitaria, presionado por las huestes de Puigdemont que han amenazado con retirar su apoyo y dejar caer al Ejecutivo si no se cumple esta promesa. Son situaciones de tercera división que se toman al vuelo y que a la gente normal le importan muy poco sobre todo comparado con lo que verdaderamente es grave entre otras cosas, el irresoluble problema de la vivienda.

Ante la necesidad de decir algo, Sánchez ha vuelto a echar mano del populismo. Quiere proponer que no puedan adquirirse más viviendas que las estrictamente destinadas al uso. Sospecho que, desde el punto de vista estrictamente institucional es una medida que atenta contra la libertad y el libre comercio. Pero el caso es largar y luego ya veremos.