Pretenden que el Gobierno flexibilice los antecedentes penales

Aparte de que como era fácil de prever, la policía ya ha advertido la llegada a España de inmigrantes en situación irregular en otros países de Europa, aprovechando la coyuntura, estos días en redes sociales y otros espacios se está produciendo un despliegue publicitario de despachos de abogados y otras agencias ofreciéndose para tramitar los antecedentes penales y el resto de las gestiones para legalizar la situación en España de cientos de miles de personas que pueden beneficiarse de la regulación anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Podemos lanza un mensaje complementario, subrayando que lo del certificado de penales no debe ser obstáculo insalvable para quien no lo consiga dentro del plazo, con independencia de cualquier otra circunstancia, ya que al final bastará con una mera declaración personal.

Y como también cabía esperar, desde determinadas organizaciones y los propios colectivos de inmigrantes, no han tardado en surgir las críticas a la Ley de Extranjería, y en consecuencia, a la propia exigencia, de que no disponer de certificado de penales limpio sea un obstáculo en orden a la regularización. Los promotores de la iniciativa popular ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez se acomoda no se conforman y exigen que se levanten todos obstáculos que retarden o perturben la regulación total, sin limitaciones. Loueila Sid Ahmed Ndiaye, abogada experta en extranjería, denuncia lo que califica de “la dureza de la normativa para los que cometan cualquier hecho delictivo”, al considerar hechos desfavorables los antecedentes penales y policiales en los países de origen o en España. Dice que tales previsiones responde no a un problema con la delincuencia, sino que es una “narrativa supremacista que permita que estas personas vivas asfixiadas”.

¿Cuál es la alternativa para quienes tengan antecedentes penales o estén a la espera de juicio por delitos comunes? ¿Acaso una forma de amnistía especial? Dice Loueila Sid Ahmed Ndiaye que, en la práctica, explica, cualquier condena penal excluye del proceso: “Quienes tengan antecedentes penales no van a poder acceder a esta regularización y tendrán que esperar a que se cancelen conforme al Código Penal. Incluso faltas comunes podrán impedir durante años la obtención de una autorización de residencia” Pero es evidente que existe una gradación en los delitos según su naturaleza. Y entre el colectivo de inmigrantes hay, sobre todo en algunas comunidades, delincuentes con graves delitos y una elevada reincidencia. Y para que, pese a los antecedentes, todos puedan ser regularizados, propugnan que se modifique y suavice a la medida la Ley de Extranjería. El Estado tiene que ser benevolente en todo caso, como con aquellos que han cometido robos para sobrevivir. En esta línea se va tan lejos como considerar injustos los propios antecedentes, conforme a los criterios ordinarios de la legislación penal en vigor. Y se propone una excepcionalidad con alternativas específicas, o sea ¿al margen de las previsiones ordinarias para los españoles que delinquen? O sea, si es extranjero pendiente de ser regulado, no se le debe aplicar la norma común.

El debate se centra ahora en el propio concepto de “antecedentes penales relevantes”; es decir, derivados de los delitos cometidos y sus repercusiones. Según los datos del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, contenidos en el estudio de noviembre de 2025, Demografía de la Delincuencia en España “Los extranjeros, y en particular los africanos (más del 70%, marroquíes) y americanos (más del 90%, hispanos), tienen tasas de delincuencia por 100.000 adultos muy superiores a las de los españoles, y en particular en delitos especialmente graves . Añade el informe que: “Las tasas de criminalidad tienen mucha variación geográfica. Cataluña es la zona de España más azotada por la delincuencia contra las personas, y en algunos delitos como violaciones o robos, de forma muy destacada”. También se señala en dicho informe que “Las bandas latinas son otro preocupante tipo de “criminalidad importada”, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid”.