Prensa libre para una democracia sana

La prensa, los medios de comunicación, son el contrapeso al poder que posibilita el desarrollo de una democracia sana, de una nación libre. Los periodistas tenemos la obligación deontológica de vigilar al Gobierno, y a su vez, el Gobierno tiene la obligación de garantizar la libertad de prensa, sin interferencias, única forma de equilibrar la balanza de los poderes del Estado. Se atribuye a Edmund Burke la expresión “cuarto poder”, que alude a los medios, y que completa el sistema de garantías democráticas junto al poder ejecutivo, legislativo, y judicial. Sin información libre, la soberanía popular pierde su razón de ser; los ciudadanos no pueden tomar decisiones sobre el futuro de la nación si desconocen aquello sobre lo que deben elegir.

El Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de cometer el mayor ataque a la libertad de prensa de la historia de la democracia española surgida del acuerdo constitucional del 78. Lo hace además sobre una base de falsas acusaciones, y escudándose en un reglamento europeo de obligado cumplimiento, creado para garantizar la independencia de los medios públicos, es decir, precisamente puesto en marcha para lo contrario que ahora pretende al Gobierno. Acusaciones que, en todo caso, han resultado en burdas generalizaciones para desprestigiar al sector mediático en su totalidad, o al menos, a aquellos medios que no rinden pleitesía al Gobierno, y justificar así las medidas excepcionales propuestas, impropias de una democracia, de un país libre.

Con la idea de suavizar las críticas que inevitablemente recibiría su “plan de regeneración democrática” desde el sector mediático, Sánchez anuncia 100 millones de euros en ayudas a los medios, sin aclarar los criterios del reparto, y con todo el aspecto de ir, una vez más, destinados a aquellas empresas que se muestren favorables al Gobierno. Entretanto, las ayudas a los medios de comunicación que la Unión Europea anunció ya durante la crisis del covid, siguen en el limbo, no han llegado, ni tampoco las anunciadas posteriormente. Unas ayudas que si entonces eran necesarias para todos, lo eran y lo son aún más para la prensa local, la que de verdad sostiene la diversidad de opinión y la democracia en este país y en toda Europa.

Es falso que los medios españoles reciban fondos ocultos, como insinúa el Gobierno, o que exista un problema de transparencia que condicione finalmente la información que se ofrece: la inmensa mayoría de ellos viven de la publicidad. Si el Gobierno quisiera realmente favorecer la transparencia, podría empezar por dar ejemplo en las ayudas a los medios, llevando la propuesta al Parlamento y haciendo un reparto transparente, legislado y ecuánime de la publicidad institucional, tanto la del Estado como la de las autonomías.

El intento de silenciar a los medios díscolos mediante la coacción con el reparto de publicidad institucional, no supone un ataque a los periodistas, sino a la libertad de todos y cada uno de los españoles, que tienen derecho a información libre y veraz. David Randall, periodista y autor de uno de los más célebres manuales de periodismo, establece algunas líneas rojas infranqueables para un medio de comunicación que aspira a ser libre. Entre otras, recuerda que “los periodistas solo deben estar al servicio de su periódico y de sus lectores”, no deben “aceptar incitaciones a publicar” y no pueden “permitir que los anunciantes influyan, directa o indirectamente, sobre los contenidos del periódico”; no hace falta recordar que la publicidad institucional supone en algunos casos una parte nada desdeñable de los ingresos de los medios, y que la ley del 2006 establece que “las campañas institucionales” se ajusten “siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad y austeridad en el gasto”.

Y si hablamos de austeridad en el gasto, resulta obligado mencionar el agujero que supone en los presupuestos la existencia de las televisiones públicas autonómicas, que se llevan cada año cerca de mil millones de euros de dinero público. Algunas cifras: la catalana TV3 se lleva 330 millones; la vasca EITB, 190; Canal Sur, de Andalucía, 151, o la TVG, con 104 millones, son las que cuentan con presupuestos sobre los cien millones. Y todo ello sin contar el inmenso pozo negro que es la corporación RTVE, con un presupuesto de casi 1.200 millones de euros, aumentado además este año en más de cien con la excusa de los Juegos Olímpicos. Estos medios, casi todos gravemente endeudados, actúan a menudo como correas de transmisión del poder de turno y, junto a las televisiones pseudoprivadas, “regaladas” por el Gobierno, distorsionan el reparto de la tarta publicitaria perjudicando a diarios, televisiones y radios locales, a los que se limita su posibilidad de financiación. ¿Por qué no se propone también transparencia e información pública y publicada en la financiación de partidos y sindicatos?

Tal vez la Comisión Europea impida finalmente a Sánchez ejecutar la totalidad de su plan de “regeneración democrática”, por posible vulneración del derecho europeo a la competencia como consecuencia de un reparto arbitrario de las ayudas a los medios, pero la gravedad no es que no logre su objetivo, sino que pretenda dar un paso incierto y sin marcha atrás, de la democracia a la autocracia.

El hecho de que, en medio del anuncio de su plan, haya aludido directamente a su voluntad de endurecer la ley del derecho al honor y de rectificación, desvela sin pretenderlo que el origen de toda esta deriva contra la libertad de prensa se encuentra exclusivamente en la abundante información e investigación sobre las presuntas corruptelas de su círculo familiar más íntimo. Haría bien el presidente en considerar quién mancilla más el honor, quien desde el poder actúa de forma incorrecta, o quien lo pone en conocimiento de los ciudadanos. Tampoco es casualidad que nunca, hasta el salto de Begoña Gómez a la primera plana de los periódicos, ha habido queja o propuesta alternativa a la norma española sobre el derecho al honor y de rectificación.