El pacto fiscal que Rajoy negó, ¿origen del procès?

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas aprovechó una amable entrevista en el programa de 24 horas de Televisión Española para recordar que el origen del actual proceso que vive Cataluña contra el Estado se inició cuando Rajoy le negó un “Pacto Fiscal” como el del País Vasco, y con la reforma en 2010 del Estatut que les otorgara sin conocerlo Zapatero en 2006, aprobado por el Congreso de los Diputados y refrendado por el pueblo de Cataluña. Los periodistas no le preguntaron, si tenía el respaldo de la Cataluña toda, ¿Cómo fue posible que no acudiera a refrendarlo ni el cincuenta por ciento del electorado, si bien tres de cada cuatro de los que votaron lo hicieron a favor?

Más insistió en que de haber obtenido el pacto fiscal del que Rajoy no quiso ni hablar quizá las cosas se hubieran desarrollado de otro modo, aunque también dijo que el objetivo final de los independistas era la independencia, aunque se pasara por una etapa previa de convivencia dentro del Estado con progresivas cuotas de competencias y la reducción obviamente de las de aquel.

Con el “Pacto Fiscal” Se trataba de pasar a una relación bilateral entre Estado y Generalitat, con la cesión a ésta de todos los tributos que se pagan en Catalunya y la consecuente creación de una Agencia Tributaria Catalana, que recaudara, gestionara, liquidara todos los impuestos con plenas competencias de inspección. Más sobrevoló sin entrar en el asunto a propósito de la serie de modificaciones, muy pocas, sobre aquel Estatut, que el Constitucional introdujo en el denso texto, que venía a ser más que una Constitución. Cuando se alude a las reformas que, según Mas y otros “vaciaron de contenido el Estatut de 2006” se evita citar exactamente qué fue lo reformado.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos e interpretables otros 27 sobre un total de 223 artículos, además de despojar de eficacia el préambulo con referencia a los términos “nación” o “realidad nacional”. El TC recordó que la única nación que, en sentido jurídico constitucional reconoce la Constitución es la española, y que la soberanía, que no es troceable –como ahora se pretende—reside en el concepto del pueblo español, de suerte que no se puede confundir el concepto de nación socio-cultural con nación política. Se pretendía que los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias fueran vinculantes con respecto a los proyectos de ley y las proposiciones del Parlamento, de suerte que se privaba al Estado de legislar con efectos sobre Cataluña, como en el resto del Estado, sobre competencias no cedidas, al tiempo que se pretendía que tales dictámenes escaparan al propio control del Tribunal Constitucional.

Se privada al Defensor del Pueblo, del Estado, la posibilidad supervisar los actos de la Administración catalana, que sólo se sometería a la competencia exclusiva del Síndic de Greuges, de modo que aquél sólo podría actuar en el caso de las otras comunidades autonómas. Y si eso no bastara, el Estatut de 2006 impedía la actuación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial y que es exclusivo del Estado, creando su propio Consejo de Justicia de Cataluña. En esa misma línea de hurtar al Estado el ejercicio de sus propias competencias en Cataluña en materia legislativa y reglamentaria y los actos de ejecución del Estado. En su día, el juez Santiago Vidal, autor de la Constitución para la República Catalana, confesó que Pedro Sánchez les ofreció, antes de ser presidente del Gobierno, que si lo fuera, estaría dispuesto ofrecerles restaurar los contenidos del Estatut reformado mediante leyes orgánicas. Atentos a las futuras negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno, porque es previsible que vuelvan a poner todo esto sobre la mesa.