Fernando Ramos
La manipulación política de la denuncia contra Suárez
A los ojos de un ciudadano medio, un tipo del montón que poco conoce de la pompa, la circunstancia y la impenetrabilidad que habita detrás de una toga, todos los actos protagonizados por el Fiscal General del Estado -incluyendo el proceso que derivó en su propio nombramiento- constituyen materia suficiente para sembrar la duda al menos en aquellas personas que no están familiarizadas con la casuística forense como me pasa a mí. Según los últimos datos facilitados por el Consejo General de la Abogacía, en España están colegiados 243.297 profesionales del Derecho de los cuales, 153.757 están ejerciendo la profesión cotidianamente. Ellos sí que la entienden, y alternan además en un amplio territorio de actividades. La práctica jurídica es inagotable y su licenciatura les abre las puertas de numerosas responsabilidades que, a veces, superan incluso el mero ejercicio de la ciencia forense. Por ejemplo, el ejercicio de la política. Probablemente la mitad de los ministros del actual Gabinete incluyendo a su presidente, son licenciados en Derecho, si bien a un tipo tan mentiroso como él que incluso falsificó su tesis fin de carrera, hay que creerle solo a medias. Paradójicamente, Bolaños, ministro de Justicia que es en efecto abogado, lo es especializado en teoría económica, y la mayor parte de su vida laboral ha estado ligada al Banco de España. Hace poco dijo públicamente y en su condición de ministro que está absolutamente convencido de que Ortiz está siendo injustamente imputado, que es inocente y que a la hora de elegir prefiere a los fiscales que a los jueces. Si yo fuera juez, meditaría mucho sobre esta apuesta de doble o nada de quien está designado precisamente para respetarle y defenderle.
El que estará muy contento será el Fiscal, que cuenta con un apoyo ministerial tan bueno. Nombrado a dedo como sucesor de Dolores Delgado, -fiscal saliente cuyo puesto ejerció tras dejar el ministerio de Justicia- es el primer máximo responsable del Ministerio Público imputado de nuestra historia, y se niega a dimitir echándole un vergonzoso pulso al más elemental principio de ética que debe regir su oficio. Y es que, todo lo que huele a institucional y ha tocado este Gobierno lo ha puesto perdido. Ortiz incluso amenaza. Como si fuera Ábalos o Koldo: “Si yo quisiera hacer daño…” eso dijo ayer. Todo se pega.
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