Xosé A. Perozo
Ratas nadadoras e outras incompetencias
Quienes lo conocimos en otro tiempo, quienes lo admiramos, respetamos y tratamos cuando era uno de los más eficientes jueces en la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra ETA, nunca hemos comprendido la evolución del juez Marlaska desde el momento que se integró en las filas de Pedro Sánchez y asumió la cartera de Interior. ¿Cómo es posible que este hombre pueda asistir impasible de la progresiva puesta en libertad de los pistoleros de ETA que tan eficazmente persiguió? ¿Cómo es posible la postura teatral con que asiste, cuando lo hace, a los actos en recuerdo de los guardias civiles, asesinados o que perdieron la vida en la lucha contra el narcotráfico y no parezca avergonzarse de tener que aguantar los abucheos y protestas de los familiares de los agentes, como acaba de ocurrir?
Ya he contado mi propia experiencia, en cuanto a haberlo tratado personalmente, con quien compartí el papel de ponente en unas Jornadas de Derecho y Comunicación, organizadas por la Universidad de Vigo y el Consejo General del Poder Judicial. Fueron unos días de grata convivencia, tanto que al final nos despedimos con un apretado abrazo. Nos contaba este juez su experiencia en el interrogatorio y procesamiento de asesinos de ETA. Su sentido del Derecho, de la defensa del Estado, su responsabilidad asumida frente a todas las formas de delito, ¿qué tiene que ver con quien respalda las componendas, tratos con Bildu, cesiones al independentismo y la larga retahíla de desmanes de Pedro Sánchez. ¿Qué fue de aquel juez que decía, desde su autoridad, que no podía haber nunca amnistía porque no la permitía la Constitución?
Los 80 millones de euros que en su día se destinaron al Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar fueron insuficientes para frenar el negocio de la droga a escala industrial. La asociación profesional “Justicia y Guardia Civil” (Jucil), mayoritaria en cuanto a puestos de representación, ha recordado que, a pasar del éxito y la efectividad del llamado OCON Sur (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía), el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, disolvió esta unidad de élite formada por 150 agentes de la Guardia Civil en comisión de servicio, que estaban disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana para la lucha efectiva. Esta unidad consiguió detener a 12.813 personas, se incautaron 2.622 vehículos, otras 1.137 embarcaciones y 779.468 litros de gasolina. Según Marlaska se trataba de una simple restructuración. Los agentes fueron devueltos a sus comandancias, con las mismas misiones, pero fueron retirados de la zona donde su presencia era más necesaria y efectiva. Y lo ha vuelto a decir.
Su ausencia del funeral por los dos guardias civiles fallecidos durante la persecución de una narcolancha, en lo que la pintoresca María Jesús Montero calificó de “accidente laboral”, demostró que sigue sin reparar su alejamiento del respaldo que, como ministro del Interior a la institución más querida y respetada por los españoles. Otra vez, en medio de la tormenta que se ha cernido sobre él, ha llamado la atención su empecinamiento en no reconocer su propia responsabilidad en la serie de sucesos que rodean las causas y carencias que han provocado lo que reducen ahora a meros “fallecimientos en actos de servicio”, ya fuera los asesinados en Barbate o lo que acaba de suceder en el litoral de Huelva. Pero Marlaska, pese a sus gestos teatrales, sabe asumir situaciones que avergonzarían a cualquiera, como lo que acaba de suceder en la Jura de Bandera de la 131 promoción de la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y el modo en que fue abucheado.
Su insistencia en no renunciar a su cargo ni asumir con claridad el alcance de sus propias responsabilidades dibuja la silueta moral de una persona muy distinta de la que conocíamos. Mientras la sociedad en su conjunto ha dado una respuesta sensible, indignada y digna ante la sucesión de bajas que suma la Guardia Civil, a la que por cierto se le reducen competencias o quieren arrojar de su territorio, dos de los partidos que sostienen el Gobierno de que forma parte, Bildu y ERC. Menos mal que esta vez, en Baeza dijo que él también estaba dolido y rabioso. Menos mal. Claro que ni el PSOE ni sus consocios consideran que la Guardia Civil debe ser considerada profesión de riesgo.
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