La ley marcial de Trump

Que haya soldados patrullando Portland, Chicago o Los Ángeles es incompatible con la democracia liberal, y los Estados Unidos se han apartado del mandato de Jefferson y Franklin para asemejarse a las dictadura de otras zonas del mundo. En los últimos meses, Trump ha escalado en lo que parece un plan totalitario de militarización de las ciudades donde es más fuerte la oposición. En junio, ordenó el envío de casi cinco mil militares a Los Ángeles para respaldar la caza y captura de inmigrantes, pese a la resistencia del gobernador y de la sociedad civil. En septiembre un juez federal decidió que esa intervención era ilegal al no haber insurrección. Pero ya en agosto, Trump había federalizado la Policía Metropolitana de Washington, y desplegó a la Guardia Nacional para patrullar la capital del país, cosa que no había hecho en 2021 cuando las hordas MAGA allanaron el parlamento sediciosamente. Hace un par de semanas, Trump envió tropas a Portland para proteger al servicio de inmigración ICE, con un lenguaje bélico y la amenaza de emplear la “fuerza total si es necesario”. Unos días después, la Justicia federal bloqueó el despliegue fallando que Trump se había excedido y que no había insurrección. Pero el presidente, fuera de control, ha enviado ahora tropas de la Guardia Nacional de Texas (un estado favorable a Trump) a la ciudad de Chicago (de mayoría demócrata) pese a la oposición, nuevamente, del alcalde y del gobernador de Illinois. Todo esto obedece a un intento explícito de conquista de territorios en el propio país, bajo la promesa de “liberar ciudades” del “enemigo interno” y afirmando que el despliegue militar sirve como “campo de entrenamiento”. Así se expresaron Trump y su ministro “de la Guerra” (antes “de defensa”) Peter Hegseth en el reciente foro de generales y almirantes donde los llamaron a todos “gordos” e hicieron escarnio de la diversidad interna del ejército y del papel de las mujeres en él.

La ley que prohíbe el uso de fuerzas armadas federales como policía desde 1878 establece que “quien, salvo en casos expresamente autorizados por la Constitución o por el Congreso, utilice una parte de las fuerzas armadas para mantener la ley” será sancionado con pena de prisión. Ni la Constitución expresa una salvedad para los casos antes citados, ni el Congreso ha autorizado el despliegue, y por lo tanto el presidente se ha extralimitado y podría ser condenado a prisión. El principio “posse comitatus” impide tajantemente la militarización del orden público. La única excepción es la Insurrection Act, que permite al presidente desplegar tropas en el interior del país en caso de “insurrección”. Trump no ha invocado esa ley pero parece dispuesto a hacerlo. Buscaría así convalidar lo ya actuado ilegalmente, y establecer la ley marcial donde quiera. Trump está forzando los límites del sistema constitucional. Todo parece indicar que va a militarizar los colegios electorales durante las elecciones legislativas “mid-term”, y alimentar la psicosis de una insurrección generalizada o pre-guerra civil para darse un auto-golpe de Estado encubierto y arrogarse poderes excepcionales. El respeto de Trump a los poderes legislativo y judicial es nulo. Busca probablemente permanecer en el poder mediante un tercer mandato que, hoy por hoy, es inconstitucional.

La militarización de ciudades es extremadamente infrecuente en las democracias liberales. En la Europa contemporánea, las intervenciones militares domésticas, siempre excepcionales, exigen el previo respaldo legal explícito, el control judicial y una clara limitación temporal. Pero Trump busca normalizar la presencia de armas pesadas en áreas civiles como forma de gobierno. Que los militares ejerzan funciones propias de la policía es aberrante en todas partes. Quién iba a pensar que lo veríamos en el país de los “checks and balances”. El retroceso es de siglos.

Lo más perturbador es el papel del ICE (Immigration and Customs Enforcement). Sus agentes actúan en zonas residenciales deteniendo sin control judicial, operando con equipamiento de guerra y disparando proyectiles contra vehículos de prensa. Se encañona constantemente a personas por su aspecto. Se detiene a cualquiera por parecer latinoamericano, y después ya se verá si era o no ciudadano. Se vulnera brutalmente la inviolabilidad del domicilio y se pone en riesgo a menores. Los efectivos del ICE, posiblemente reclutados entre las milicias ultranacionalistas como Proud Boys, no se conducen bajo los estándares policiales americanos e internacionales, sino como auténticos salvajes. Estamos ante un régimen de terror no muy distinto del que impusieron la Gestapo y la Stasi en Alemania. Esto no va de “limpiar de ilegales” el país: es algo mucho más profundo. Y los políticos responsables no incurrirían constantemente en infracciones severas, presuntos delitos y negativas a informar en sede parlamentaria, si pensaran que su mandato tendrá un fin, que va a haber unas elecciones normales y una eventual cesión del poder a la actual oposición. Eso debería alarmarnos: estamos asistiendo al embrión de un cambio de régimen.