José Teo Andrés
Síes y Aguia
El Plan Estatal de Vivienda, que la ministra Isabel Rodriguez vendió este martes, tras su aprobación por el Consejo de ministros, llega con un retraso de nueve meses. Pero es que, además, no entrará en vigor hasta el verano. Eso si hay suerte en las negociaciones entre el Estado y las Comunidades autónomas, financiadoras del proyecto, o si los fondos consiguen llegar a tiempo para iniciar las obras y no ocurre como ha sucedido en las últimas catástrofes nacionales, como la erupción de la Palma o la dana de Valencia, cuyos damnificados todavía esperan parte del dinero que, con tanto bombo, se les prometió.
El proyecto pretende, precisamente, que los menores de treinta y cinco años puedan acceder a un piso en alquiler con opción de compra. La dificultad es que en los últimos siete años sólo se han construido seiscientas veintiocho. Mucho van a tener que correr ahora para paliar la carencia. De hecho, en 2025, según datos del Ministerio de Transportes no se construyó ninguna. Y aunque el decreto se propone también acabar con los fraudes, la ley ya impedía lo ocurrido en Alicante, donde un bloque de protección oficial, con jardines y piscina, se lo repartieron cargos y familiares del PP.
Lo que sí parece imprescindible, si es que comunidades y ayuntamientos no hacen la vista gorda o son los primeros beneficiarios de su venta, es que la inversión pública en construcción de vivienda no acabe en manos privadas. Es decir, que los pisos de protección oficial no puedan acabar en manos de fondos buitre para venderlos a precio de mercado. El decreto pretende que lo que se construya con dinero público siga siendo público. Que es lo menos que se pueda exigir. Sobre todo, porque, a día de hoy, la vivienda protegida en España solo representa el 2,5, una de las más bajas de la UE.
De momento el plan ya ha encontrado su primer obstáculo: Isabel Diaz Ayuso, (cómo no) presenta su propio proyecto denominado "Medidas Urgentes". Consiste, básicamente, en construir dieciocho mil viviendas protegidas levantando dos alturas más en cada bloque para agilizar plazos. Es decir, vuelve la guerra fría en una necesidad vital para la ciudadanía como es el acceso a una vivienda. Cada cual tiene su plan, no quiere interferencias y ponerse de acuerdo llevará más tiempo y más retrasos. ¡Que fácil es vender y que difícil dar trigo!
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