Carmen Tomás
La crisis energética se recrudece
Llevamos dos años llamando persecución a lo que antes llamábamos instrucción. El insulto cambia según quien esté en el banquillo. Pero el mecanismo es el mismo porque cuando la política no resuelve, acaba en un juzgado. Y cuando acaba en un juzgado, la política dice que el juez la persigue. Hemos convertido la independencia judicial en coartada. Y sin ella, no seríamos democracia. Seríamos otra cosa.
España vive en un bucle judicial. No hay semana sin auto, imputación, querella o recurso. Todos dicen "me persiguen los jueces". Y todos olvidan que, en una democracia, el juez no persigue. Persigue el fiscal que acusa y el juez que ve indicios. Si no hay indicios, archiva. Si los hay, investiga. Es su trabajo.
La novedad no es que haya jueces que investigan a políticos. La novedad es que hemos decidido que toda investigación a un político afín es política y toda investigación a un político rival es justicia.
Hemos importado la palabra americana lawfare - guerra judicial - y la hemos vaciado. Lawfare era cuando un régimen inventaba delitos para encarcelar opositores. Aquí no hay delitos inventados. Hay juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, de Badajoz, de Barcelona, abriendo diligencias con lo que les llega de una denuncia, de un informe de la UCO, de la Guardia Civil o del censo electoral.
Pero el argumento de "persecución judicial" es tramposo porque invierte la carga de la prueba. Ya no tienes que demostrar que eres inocente. Basta con decir que el que te investiga es facha. Y ese marco nos deja sin suelo.
Si el Tribunal Supremo pregunta a Europa si la Amnistía encaja en el derecho europeo, no está haciendo política. Está haciendo lo que tiene que hacer un tribunal supremo, que es preguntar. Si un juzgado de Madrid imputa a la mujer del presidente por tráfico de influencias a raíz de unas denuncias, no está dando un golpe de Estado. Está abriendo una investigación que luego tendrá que probar con papeles. Podrá archivarla. Y entonces será justicia. Pero mientras la abre, también es justicia.
Nos hemos acostumbrado a aplaudir al juez que investiga al de enfrente y a pedir la cabeza del juez que investiga al nuestro. Así no se sostiene un Estado de Derecho. Se sostiene un Estado de hinchas.
La prueba de que España sigue siendo una democracia no es que no haya corrupción. Es que hay jueces que pueden citar a declarar al hermano de un presidente, al fiscal general del Estado o a un expresidente de la Generalitat sin que al día siguiente los destituyan. En Hungría eso no pasa. En Rusia tampoco. En Venezuela, menos. La diferencia entre ellos y nosotros no es que allí no haya leyes. Es que allí no hay jueces que puedan aplicarlas contra el poder. Por eso el lema de estos meses debería invertirse. No es "nos persiguen los jueces". Es "menos mal que todavía hay jueces a los que se puede acusar de perseguir".
El día que no haya esa queja, el día que ningún político se sienta perseguido por un juez, ese día preocúpate. Porque querrá decir que los jueces ya no pueden perseguir nada.
Sin jueces, hoy no seríamos una democracia defectuosa. Seríamos, simplemente, otra cosa.
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