La crisis energética se recrudece

La crisis energética vuelve a llamar a la puerta de Europa con una fuerza que recuerda demasiado a los peores momentos de 2022. El conflicto entre Estados Unidos con Irán mantiene prácticamente cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte esencial del petróleo y del gas mundial, mientras la violencia de los hutíes amenaza también las rutas alternativas y la producción saudí. El resultado ya está a la vista. Los precios están alcanzando precios históricos elevando las facturas de empresas y hogares y el suministro comienza a escasear. En Portugal hay protestas en las calles y en Francia han cerrado cientos de gasolineras por falta de suministro.

En España, aunque aún los precios de los carburantes son inferiores por las rebajas fiscales, la factura es altísima. De hecho, la industria está especialmente preocupada, ya que estima que el encarecimiento del gas y la electricidad puede suponer 7.400 millones de euros adicionales hasta final de año: unos 4.220 millones por el gas y 3.175 millones por la electricidad. Señalan que estos costes repercutirán negativamente en la producción, la inversión y el empleo y por ello ya han advertido al Gobierno de posibles paradas de fábricas este otoño si los precios de la energía continúan disparados. También la OCU ha levantado la voz y ha advertido que en la próxima revisión trimestral, el precio del gas para los hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) costará casi un 69% más y un 54% más en octubre.

El coste medio anual supondrá hasta 910 euros extra. Además, en la factura eléctrica hay que añadir los costes derivados del plan antiapagones que suma casi 3.400 millones hasta la fecha.

La energía cara eleva el precio del transporte, de los alimentos, de los bienes industriales y de prácticamente cualquier producto que necesite electricidad, gas o combustible para ser producido y distribuido, por lo que se convierte en uno de los grandes factores de inflación y pérdida de competitividad, cuando además España es el país de la UE con la inflación más alta. La erosión sobre el poder adquisitivo es patente y si le sumamos las subidas continuas de los impuestos -la presión fiscal ha subido más del doble que la media de la OCDE desde 2010- y las cotizaciones sociales suben más de que los sueldos, el resultado son unos salarios reales inferiores a los que teníamos en 2018, podemos asegurar que el espejismo de que los carburantes son más baratos se desvanece como un azucarillo.