El fuero y el huevo

El tiempo para plasmar en norma legal los acuerdos de 2024 entre PSC y ERC, que harían a Salvador Illa presidente de la Generalitat catalana, llega a su vencimiento. La propuesta de financiación “singular y generalizable” que Cataluña ha llevado a la comisión bilateral con el gobierno de Pedro Sánchez, ocupa ya al consejo de ministros y, a la vuelta de agosto, al propio Consejo de Política Fiscal y Financiera. Salvador Illa, a quien es difícil hacerle ningún reproche en su tarea por desinflamar la tensión acumulada en el procés independentista, se siente obligado por los acuerdos firmados para su investidura. No será una prioridad para buena parte del electorado socialista en Cataluña, ni un plato gustoso para el conjunto del PSOE en España. No tanto porque no exista, dentro del socialismo estatal, la suficiente sensibilidad con las deficiencias que acumula el actual sistema de financiación autonómica, sino porque el acuerdo en Cataluña tensa las costuras de la arquitectura institucional e interroga a la misma Constitución.

Estamos, por lo tanto, ante una cuestión que no discute tanto el huevo, que también, como el fuero. El exministro de Justicia y de Administración Territorial con Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo, ha señalado, a propósito del pacto fiscal en ciernes, que éste va más allá de quién recauda y gestiona, “ni siquiera de quién tiene la llave de la caja”, sino de quién es el titular del tributo. “Cataluña se erigiría en sujeto aportante de una cantidad en pago de servicios procedente de todos los tributos de la que previamente se habría hecho titular, suprimiendo la relación directa del Estado con sus ciudadanos en Cataluña. Que España pueda llegar a no tener impuestos en una parte de su territorio –o en todo él si, como se dice, el sistema se generalizase al resto de comunidades- sería una novedad desconocida en el resto de los Estados federales del mundo”.

Las dificultades técnicas para implantar el nuevo sistema, retrasarán la acordada expectativa de recaudar y gestionar para 2026 el 100% del IRPF en Cataluña. No será este el principal problema. Como ocurrió con el Estatut de Maragall, aprobado en Cataluña en 2006, pero rechazado por el Constitucional, que atendió el recurso del PP, estamos ante el problema de fondo: el encaje de Cataluña en España y del conjunto de España con una Cataluña que cree en su autogobierno, desea su ampliación y actúa en consecuencia.

Salvador Illa es ya un político cuajado que, con todas sus demostradas capacidades de prudencia y paciencia, está intentando que Cataluña amplíe su fuero sin dejar de engordar el huevo. Al nuevo capítulo de la “conllevanza”, que recomendaba Ortega, toca ahora ponerle letra y números.