“¿La fiscalía de quién depende? Pues ya está”

Hay dos expresiones que estos días resuenan con eco en las grandes bóvedas donde se entonan las grandes voces de la política española de progreso, claro. Son como el pórtico de gloria de nuestros felices tiempos. Frases que se dijeron ayer emergen ahora con su fuerza expresiva y nos descubren para qué se pronunciaron, con alertador sentido del futurol. Forman parte del llamado “lenguaje prospectivo”; es decir, son palabras que fueron pensadas para el futuro. Cuando el doctor Sánchez dijera en una temprana entrevista, apenas sentado en la Moncloa, que iba a traer al honorable Puigdemont entonces fugado, para presentarlo ante el juez, porque “¿La fiscalía de quién depende? Pues ya está”. Pero aparte de ese lenguaje prospectivo, la expresión se complementaría con el lenguaje prepromulgativo, entiéndase que adelanta lo que va a ser promulgado, aunque luego no sea exactamente lo mismo que se esperaba. Ejemplo, si se esperaba efectivamente que el actual Gobierno de mayoría de progreso trajera al fugado Puigdemont, es cierto que el viaje de retorno se cumple, porque se ponen los medios para su regreso, pero no para ser conducido ante el juez, nada de eso. Viene para ser plenamente inmune y rehabilitado, como si nada hubiera ocurrido. Y aparte, recibe otros premios.

Decía Baudry Lacantinerie que la promulgación es la "partida de nacimiento" de la ley, por cuanto le da existencia cierta, auténtica y la reviste de fuerza coercitiva. Y estos días vemos el singular empeño para cumplir y hacer cumplir la ley de amnistía, pero el esforzado empeño del fiscal del Estado, no es el que previniera el doctor Sánchez, sino justamente liberar al viajero de la mera molestia de comparecer ante juez alguno. O sea, que el señor presidente de Gobierno va a cumplir aquel compromiso porque para eso está el Fiscal General del Estado, quien, con el tratamiento de “Excelentísimo Señor” ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

La Constitución le asigna la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de la independencia de los tribunales (articulo 124 CE). Se supone que debía ser el primer interesado en que ningún prófugo de la justicia eludiera el peso de la ley o en investigar cualquier indicio de delito nuevo que pudiera hallarse contra él. En estos momentos, frente a la resistencia de los fiscales del “procès”, ha mantenido una disciplinada postura en cuanto a llevar a cabo la política del Gobierno, como estableció el compromiso “quid pro quo”, o sea una cosa por otra, del trato de los votos que Sánchez adquirió para seguir en la Moncloa, a cambio de considerar en unos días que la amnistía, ampliada, por cierto, dejó de ser inconstitucional como repetia.

No ha habido antecedente de un conflicto institucional como al que asistimos entre la junta de fiscales del Supremo y aquel a quien el presidente de Gobierno vino a decir que era su subordinado, aunque luego se dijera que el fiscal era independiente. Pero, ya nos vamos resignando, y máxime cuanto dentro del capítulo previo a la esperada regeneración democrática, los socios de Sánchez estiran, recuerdan y amplían sus exigencias y demandas, pactadas en el extranjero, cada uno con su propia bolsa. Y es que, todavía pendiente de la aplicación expansiva de la amnistía, se abren tantos frente que cuesta digerirlos. Y eso que casi la aplicación de la impunidad es ya un asunto resuelto y secundario.

Y mientras vivimos en la zozobra de si el callado Illa va a ser presidente o si se lleva el lote Puigdemont, los consocios de Sánchez no paran. Claro que les dan pie. Lo acaba de hacer la vicepresidenta y ministra de Hacienda, señora Montero, que abre la espita del nuevo sistema de financiación que reconozca la singularidad de Cataluña, lo que hace que Oscar Puente tenga que salir al paso para decir que habrá singularidad para todos. O sea, que todos serán singulares (eso debe de ser parte de la regeneración democrática esa), o que el perdón de la deuda a aquella comunidad se aplicará por doquier, como si las deudas y el uso que se hizo de los fondos fuera proporcional. Pero es cierto que los de ERC parecen más modestos en cuanto al pacto fiscal que proponen, como otros modelos vigentes. Los de Puigdemont van más lejos en cuanto a asumir la gestión de todos los impuestos, como corresponde a un Estado. Como debe ser. Y que no se olviden en Madrid, que la “bilateralidad” significa trato entre iguales. Y que "bilateralidad, requiere salir del sistema común".