Antonio Casado
Presuntos españoles
Circula por las redes sociales un video en el que el doctor Pedro Sanchez se remite a la conferencia política del PSOE para afirmar que “nunca más indultos por motivos políticos o económicos”. Y añade que, en todo caso, esos indultos han de ser tasados y siempre con el informe previo del tribunal sentenciador. Seamos optimistas y admitamos que, como el presidente de Gobierno sostiene, la gracia traerá la paz civil a Cataluña, el diálogo y la concordia para llevar a todos a la senda constitucional. Obviemos la reiterada manifestación de Junqueras y los suyos y sus consocios en la Generalitat de que su objetivo sigue siendo la amnistía y el referéndum de independencia.
En su día, como reveló el juez Santiago Vidal, redactor de la Constitución catalana, Sánchez le prometió que, llegado al Gobierno, podría reponer los aspectos del Estatut de 2006 anulados mediante leyes orgánicas. El Tribunal Constitucional anuló 14 de los 223 artículos del famoso Estatut que, a juicio del catedrático de Derecho Constitucional, Jorge de Esteban, era una verdadera Constitución, mediante una metodología orientada “a efectos de desarmar la Constitución, atribuyendo a la Generalitat un número ingente de competencias exclusivas, que aparecían blindadas. Si el Estatut posee 223 artículos se debe a que de forma minuciosa se han ido desgajando detalladamente cualquier competencia en subcompetencias para evitar que el Estado pueda legislar sobre ellas, a pesar de que en la Constitución aparecen como competencias exclusivas del Estado”, señaló.
¿Puede Sánchez reponer mediante leyes orgánicas o un nuevo estatuto estos aspectos anulados? ¿Qué va a poner sobre la mesa como alternativa a las peticiones de sus consocios catalanes que estos puedan aceptar y que no sea la amnistía y el referéndum? Se suele aludir al “grave agravio” que supuso privar a Cataluña del Estatut “votado por los catalanes”, pero el examen de los datos matiza tal afirmación. Se suele aludir a que los recortes supusieron privar a Cataluña del Estatut. Aquel 18 de junio de 2006, sólo el 48,85 por ciento de los vecinos de Cataluña con derecho a voto se acercaron a las urnas, lo que cuestiona ese clamor al que se refieren ahora, si bien, casi el 74 por ciento votó a favor, algo menos del 21 por ciento en contra, y el 5,34 por ciento se abstuvo.
La segunda gran cuestión a considerar son las “21 medidas” que Torra presentó a Sánchez en el anterior episodio de negociación. En diciembre del año 2018, en su última reunión, el ex president de la Generalitat a entregó a Sánchez un documento con 21 puntos para zanjar el conflicto. Los dos aspectos substanciales fueron, por este orden, que el Estado “Reconociera y hiciera efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña", al tiempo que, como si fuera una disputa entre dos estados soberanos semejantes, el asunto se resolviera "mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad". Aparte, Torra exigía, porque o debía de fiarse de Sánchez, que a las conversaciones se incorporara “un relator que certificara los hablado y acordado entre los partidos”.
O sea, que volvemos al punto de partida. ¿Hay alguna diferencia entre lo que proponía Torra y lo que exigen Junqueras, Aragonès y el resto de las fuerzas independentistas? La hay en cuanto a la experiencia de haber experimentado la vía unilateral y sus consecuencias, que ahora a anular Sánchez, con la previsión de que, modificando el Código Penal, si se volvieran a repetir los episodios de 2017, las consecuencias para los causahabientes serían más livianas. Si Sánchez no otorga porque no puede, dentro de la Constitución, acceder a lo que piden, ¿qué puede ofrecer a cambio que satisfaga, ya sea temporalmente a los independentistas? ¿Acaso reponer los contenidos inconstitucionales del Estatut de 2006 y reducir todavía más la ya escasa presencia del Estado en Cataluña o un nuevo texto que vaya más allá de lo que fue aquél? De momento, una ministra del Gobierno, la señora Belarra, de Podemos, –cuyos actos por principio son solidarios—ya ha dicho que se otorgue el referéndum de independencia y que el fugado Puigdemont pueda volver, sin ser molestado al territorio nacional, exonerado de toda acusación.
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