Enseñar al que no sabe

Es natural que la mayor parte de los ciudadanos, salvo los que se han licenciado en Derecho –una elección muy abundante también es cierto- somos prácticamente analfabetos en materia judicial y es por eso por lo que vamos de sorpresa en sorpresa ante las decisiones que estos tiempos en los que son frecuentes las situaciones que inciden en la materia, asumen los encargados de administrarla. Según el Consejo General de la Abogacía, los abogados en ejercicio que se contabilizan en España se acercan a los 140.000. Nuestro país tiene pocos jueces -12 por cada 100.000 habitantes- y muchos letrados -300 por cada 100.000- estableciendo un curioso reparto. Somos de los países europeos cuyo ratio de magistrados es más bajo y sin embargo somos también uno de los países con mayor número de profesionales del Derecho activos, 3 abogados por cada 1.000 ciudadanos.

Todos los demás somos ignorantes y seguramente debe ser por eso por lo que enseguida opinamos sobre jurisprudencia y lo hacemos con el mismo desparpajo con el que asumimos cada uno de nosotros la sempiterna condición de seleccionadores nacionales de fútbol y cada uno de nosotros tiene en la cabeza un combinado nacional que, a menudo, está en las antípodas del que planifica quien tiene que hacerlo en este caso, el riojano Luis de la Fuente.

Esos iletrados que somos la mayor parte de los habitantes del país nos preguntamos con cierta frecuencia por qué los que sabe del tema adoptan decisiones tan sorprendentes. Por ejemplo, en esta hora cualquiera –incluyendo en el lote al propio Cerdán desde la cárcel en la que está internado- nos preguntamos por qué el juez ha dejado en libertad a Ávalos y Koldo y en cambio en su momento decretó el ingreso en prisión del mencionado Santos Cerdán que en estos momentos se desgañita entre rejas reclamando su puesta en libertad hasta que se celebre el juicio. La conclusión de todas estas reflexiones es que la judicatura debería ser más clara e incluso ejercer la docencia con la gente corriente, porque al fin y al cabo son sus impuestos los que sostienen el edificio judicial. Tenemos derecho a que nos expliquen el por qué de ciertas cosas. No es por fiscalizar labores sino por aprender, que el saber no quita lugar.