Fernando Ramos
La manipulación política de la denuncia contra Suárez
En las últimas décadas, la profesión de abogado ha experimentado una preocupante devaluación. Este fenómeno se manifiesta en prácticas como la oferta de consultas iniciales gratuitas o el abaratamiento de los servicios jurídicos. A diferencia de otras profesiones como la odontología o la psicología, donde las consultas siempre son pagadas, los abogados se enfrentan a una percepción pública que subestima la complejidad y el valor de su labor. Esta desvalorización no solo afecta a los profesionales del derecho, sino que también tiene implicaciones más amplias para la justicia y la sociedad.
El camino hacia la obtención del título de abogado es arduo y prolongado. En nuestro país, los abogados deben completar un grado universitario, que usualmente lleva cuatro años. Tras el grado, es necesario realizar prácticas profesionales y, en algunos casos, completar estudios de posgrado o cursos especializados adicionales. Además, deben aprobar exámenes de habilitación que certifican su competencia para ejercer la abogacía. En total, la formación de un abogado puede llevar entre siete y ocho años.
Esta formación exhaustiva no solo implica una inversión significativa de tiempo, sino también de recursos económicos y personales. Los futuros abogados deben adquirir un conocimiento profundo de diversas áreas del derecho, desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas, y mantener un compromiso constante con la actualización de sus conocimientos debido a la evolución constante de las leyes y regulaciones.
A pesar de esta formación intensiva, es común que los clientes no valoren adecuadamente las consultas jurídicas, especialmente cuando estas son breves. Muchos clientes perciben que, debido a la brevedad de la consulta, esta no justifica un pago. Sin embargo, esta visión ignora la profundidad de conocimientos y el análisis necesario para proporcionar una respuesta precisa y fiable.
Una consulta jurídica breve puede parecer sencilla a los ojos del cliente, pero para el abogado implica la aplicación de años de estudio y experiencia. La capacidad de ofrecer una respuesta rápida y correcta no es una señal de falta de esfuerzo, sino de un dominio completo de la materia, desarrollado a través de años de formación y práctica. Cada consulta, por breve que sea, requiere un análisis pormenorizado de los hechos, la identificación de las leyes aplicables y la interpretación de estas en el contexto específico del cliente.
La situación es distinta en otras profesiones como las sanitarias. Los dentistas o psicólogos, al igual que los abogados, pasan años en formación especializada. Sin embargo, estos profesionales cobran por sus consultas desde el primer momento, independientemente de la duración o aparente simplicidad del problema presentado.
Esta práctica refuerza la percepción del valor de su trabajo y asegura una compensación justa por su tiempo y conocimiento. El abaratamiento de los servicios legales tiene varias consecuencias negativas:
1. Desvalorización del Trabajo Jurídico: La percepción de que los servicios legales deben ser baratos o gratuitos desvaloriza el trabajo y la formación de los abogados.
2. Reducción de la Calidad del Servicio: Los abogados que deben manejar un volumen elevado de casos para alcanzar la sostenibilidad financiera pueden no ofrecer la misma calidad de servicio que aquellos que pueden dedicar más tiempo y recursos a cada cliente.
3. Impacto en la Justicia: La devaluación de los servicios legales puede afectar el acceso a una representación legal de calidad, comprometiendo la justicia y los derechos de los ciudadanos.
Para contrarrestar esta tendencia, es fundamental que la profesión de abogado recupere la valoración justa de su labor:
1. Educación del Público: Es esencial educar a los clientes sobre la complejidad y el valor del trabajo jurídico, destacando la formación y el conocimiento necesarios para cada consulta.
2. Fomento de la Calidad sobre la Cantidad: Los abogados deben enfocarse en ofrecer servicios de alta calidad, priorizando la atención detallada y personalizada a cada caso.
3. Adopción de Tecnologías y Nuevos Modelos: La integración de tecnologías y modelos de negocio innovadores puede mejorar la eficiencia y reducir costes, sin comprometer la calidad del servicio.
La devaluación de la profesión de abogado es un desafío multifacético que requiere una respuesta coordinada y sostenida. Una profesión totalmente necesaria para el desarrollo empresarial y para la defensa de los intereses de los ciudadanos, que poco a poco se ha ido devaluando haciendo que multitud de jóvenes abandonen la idea de embarcarse en esta apasionante profesión.
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