Dense prisa, por favor

Que la Justicia ha de ser garantista es una norma inviolable. Pero, una cosa es no saltarse ningún trámite, y otra eternizarse en la instrucción. El ministro del ramo, Félix Bolaños, de verbo fácil y ardiente en defensa de la gestión gubernamental, aseguró que "el fortalecimiento de nuestras instituciones exige asumir la exigencia de un debate público". Se refería, obviamente, a sus críticas al juez Peinado por llevar a Begoña Gómez a un juicio con jurado popular. Se olvida el responsable de Justicia que el debate público, convertido en pelea de gallos, es lo que más denosta la ciudadanía.

La sociedad exige, por contra, que juzgados, tribunales y demás administraciones cuenten con el personal suficiente para que los procesos no se eternicen destruyendo vidas y haciendas. A esa labor imprescindible debería dedicarse Bolaños.

Viene esto a cuento ante la investigación llevada a cabo por un magistrado de Tarragona que investiga, desde 2018, la presunta trama de favores del ministro de Rajoy, Cristóbal Montoro, para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos millonarios. Es decir, algo parecido a lo ocurrido, también presuntamente, con el ministerio de Transportes de Ábalos, Koldo y Aldama.

Dado el hartazgo, cabreo y desmoralización que los casos de corrupción política producen en la sociedad y la sensación de que, al prologarse sine die los procesos, todos acaban marchándose de rositas, la exigencia de celeridad es doble.

Un ejemplo meridiano es lo ocurrido con Jordi Pujol. Años y años después de ser acusado de "mordidas" que incrementaron su patrimonio, no solo no ha sido juzgado, sino que ya es casi imposible que comparezca ante un tribunal.

Teniendo en cuenta que el titular del juzgado de Tarragona, Rubén Rus, solicita ahora, por segunda vez, los movimientos de las cuentas bancarias de Cristóbal Montoro y personas de su entorno, de los últimos 20 años, la instrucción corre el riesgo de dilatarse en el tiempo hasta que el exministro llegue a la provecta edad de Pujol.

Y las acusaciones contra Montoro y su equipo no son menudencias. Se les atribuyen delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción y falsedad.

Todo este relato produce la extendida sensación, en la sociedad, de que a la política se llega para ostentar poder, privilegios, y si se puede, robar. La peor imagen que puede dar un régimen democrático que tanto costó volver a recuperar en nuestro país.