El decreto de regulación de inmigrantes y los delincuentes

A nadie se le ocurre cuestionar que, pese a que hayan entrado irregularmente en España, vulnerando el sistema de llegada legal conforme a la legislación de fronteras, hay miles de personas pendiente de regularizar su situación para acceder a puestos de trabajo dignamente y estabilizarse en una vida segura con todos los derechos, pero también los deberes que corresponden a un ciudadano más. Lo que ahora se cuestiona es el modo de llevar a cabo ese propósito. Y en este caso, las evidencias son desoladoras y los ejemplos de casos que exponen los riesgos de que el Estado abra la vía a este coladero por la falta efectiva de control y unas condiciones arbitrarias, incompletas e ineficaces, como ya han advertido desde la policía y algunos jueces, y confirma la experiencia.

Es evidente el efecto llamada en tres sentidos: Primero, con carácter general que, visto lo fácil que es asentarse aquí, en la seguridad de que antes o después se va a conseguir, aun careciendo de todo documento de identidad o similar, los ansiados papeles. Segundo, que inmigrantes en situación irregular en otros países de Europa, con parientes o amigos aquí, se alisten en la masa general regularizable y aprovechen el descontrol para venirse. Es facilísimo demostrar que ya estaban aquí, conforme a los plazos exigidos. El descontrol y la descoordinación con respeto a los padrones municipales es bien conocido. Incluso anecdótico, como que en una vivienda (incluso ocupada) aparezcan como residentes hasta cincuenta o más personas. Y Tercero: que otros inmigrantes ya establecidos, regulados o no, sobre todo del Magreb, anuncien que van a aprovechar todas las ventajas para traer a sus familias. Aparte de que las personas en situación irregular en España superan las 800.000 es falso el dato de que la regulación afecta a medio millón.

Porque la realidad es que, según han declarado fuentes policiales de solvencia, lo que predomina es el descontrol, de manera especialmente descarnada en el caso de los delincuentes con altas cotas de reincidencia. Hay sujetos de esta categoría, cuya identidad verdadera se ignora, y que, siempre según la policía, han usado tres, cuatro o más identidades. En las redes sociales hemos visto como algunos de estos sujetos rompían sus pasaportes y todo documento que los identificara antes de entrar de manera ilegal en España. Estos días se están señalando casos escandalosos, como el de los delincuentes con orden de expulsión que no se ejecutara cuando debida, y que fueron autores de la terrible violación de una mejor, o el recientísimo caso de otro violador, falso mena, que, sobre el papel, tiene otras las opciones para ser regularizado sin más, porque pese a sus delitos no tiene antecedentes penales registrados.

Aparte de ello, este proceso se está llevando a cabo con la notable estridencia de algunos de los socios de Pedro Sánchez, especialmente Podemos, pero también Sumar, con peregrinas pretensiones de que a la regulación siga de manera inmediata la nacionalización y el derecho al voto de estos colectivos, incluso, con carácter general (aunque es una opción en el espacio local, para que los extranjeros censados puedan votar en las elecciones municipales, si existe acuerdo de reciprocidad entre sus países de origen y España). Podemos lleva incluso en su programa electoral que no sea necesario, en caso alguno, esa reciprocidad. Aparte de la manifestación de que esta masa de personas debe ser usada para barrer a los españoles que votan a los partidos de derecha.

Ya hemos señalado la falta de concordancia de la legislación penal algunos de los países con fuertes contingentes de ciudadanos de origen con la de Occidente. En sus países pueden haber cometido acciones que no son delito, pero aquí sí. ¿Y qué pasa, en el caso de magrebíes indultados a cientos por el Mohamed VI de manera regular que han acabado aquí? ¿Qué fiabilidad tienen los certificados de algunos países con respecto a si existen o no registro de penados? Y lo más disparatado de todo esto es que, pese a que la policía dispone de datos precisos sobre delincuentes extranjeros multirreincidentes, en su caso, pendientes de juicio, esto no cuente como debería contar a la hora de regularizarlos. Se ha conocido otro dato que denota que desde el Gobierno la regularización masiva de inmigrante se proyecta sobre otros planes a futuro. La militante del PSOE, Pilar Cancela, quien durante siete años se encargó de captar el voto inmigrante desde su puerto de responsable de Políticas Migratorias del PSOE, y ahora en la Secretaria de Estado de Migraciones, sea una pieza esencial de la ejecución de las regularizaciones. Cancela es una experta: por un lado, promocionó el voto a su partido de los extranjeros residentes en España, en los comicios locales (con derecho a voto).