Fernando Ramos
En Francia, pitar su himno provoca suspensión y retirada de autoridades
Nada menos que veinticuatro años de cárcel pide la acusación popular Hazte Oir para castigar los (presuntos) delitos de Begoña Gómez. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y otras calificaciones dictadas por la cuestionable instrucción del juez Peinado reciben una evaluación de penas de prisión por parte de Hazte Oir que, de hacerse realidad en una sentencia, supondría que la mujer del presidente Sánchez pasaría prácticamente un cuarto de siglo en prisión, reducción de condenas excluida. Casi el doble que si hubiese cometido un homicidio con agravantes. Prácticamente lo mismo que por un asesinato. Un año más de pena de lo que le piden los fiscales a Abalos por delitos mucho más numerosos y 'sustanciosos'.
Entiéndaseme: no defiendo para nada la conducta de doña Begoña. Sostengo que lo de Begoña Gómez y sus 'actividades' en La Moncloa es impresentable moral, ética y estéticamente. Pero también pienso, y puedo equivocarme sin duda (pronto lo veremos), que va a ser muy difícil que esa conducta tenga una traducción penal directa contra la esposa del presidente. La instrucción del juez Peinado es un caso claro de disparate persecutorio, y de ninguna manera quisiera que esta afirmación se viese como una muestra de simpatía hacia la gobernación de Sánchez ni como una disculpa a sus transgresiones y las de sus familiares.
Simplemente, digo que lo excesivo, como decía Talleyrand, se convierte en irrelevante, cuando no actúa con efecto boomerang. Y que seguramente lo conspirado y ejecutado desde las dependencias monclovitas por Begoña Gómez merece un serio reproche moral, quizá extensible a su marido, pero ni un día de estancia en prisión.
Veremos cómo se desarrollan las cosas. España se ha convertido en terreno judicializado para la política, un terreno en el que conviven dos juicios muy mediáticos -el de Kitchen y el de Abalos y Koldo por las mascarillas- y en el que las polémicas legales, y hasta las derivadas de las distintas interpretaciones de la Constitución, son el pan nuestro de cada día. Esta suerte de 'judicialización' opera en contra de la eficacia de la acción gubernamental, centrada básicamente en cosas diferentes a la tarea de ordenar las necesidades de modernización y buen funcionamiento del país. Que organizaciones de ideología tan extremada como Hazte Oir o Manos Limpias procuren desmadrar las cosas y los casos en beneficio de su propia publicidad y para hacer daño al sistema es, precisamente, una de esas cosas que funcionan mal. Para nosotros, el conjunto de los ciudadanos, quiero decir. Pero funcionan bien para ellos, que contribuyen a la confusión y a la ignominia legal. ¿Hasta cuándo?
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