¿Es que ni Aznar ni Rejoy se enteraban de nada?

Los grandes maestros del periodismo de investigación norteamericano ya predijeron que la sociedad nunca estará preparada para digerir o entender los actos de determinados sujetos que utilizan la estructura del poder para cometer toda suerte de acciones criminales, amparadas por la propia malla y medios a su disposición, mallas difíciles de traspasar y que se perpetúan en el tiempo. Nos asombramos ahora al conocer que sobre Cristóbal Montoro, el modo en que dirigió el Ministerio de Hacienda, donde montó una sucursal de sus propios negocios, pero el caso no es nuevo. Es más habitual de lo que parece que quien domina una posición en el Gobierno, para cuando lo deje, haya preparado el uso de la información y los recursos de que disponía, sino lo ha hecho ya antes, como en este caso, para después. Los datos que trascienden apuntan a la existencia de 16 empresas instrumentales. Por ahora.

Por cierto, que hay dos callados que deben dar una explicación de que por qué tampoco se enteraron de lo que hacía su hombre de plena confianza, me refiero a Aznar y Rajoy. Es cierto que en España aquello de las pasarelas por las que transitan los ex ministros y altos cargos es una habitual forma de retiro en empresas, sociedades y organizaciones, previamente engrasadas con beneficios de toda suerte, como tan bien practicaba Montoro. Pero el caso tiene tantos perfiles que sobrepasa todos los procedentes conocidos. Todos. Y Feijóo es mejor que esté callado. Lo puede empeorar. ¡Vaya jarro de agua fría que le acaba de caer encima!

La andadura del ex ministro tuvo una larga ocasión de ir montando su peculiar tinglado y ahora nos enteramos de que ya en la primavera de 2018 la Fiscalía Anticorrupción sospechaba de su participación en una supuesta trama consistente en el cobro de mordidas a cambio de impulsar reformas legislativas favorables a determinadas empresas. La fiscal Carmen García Cerdá, en un escrito enviado al Juzgado número 2 de Tarragona, lo advertía como consecuencia de la investigación que venía realizando sobre los reveladores correos que denotaban la implicación de Montoro, en aquel momento titular de Hacienda “en del pago de comisiones ocultadas bajo la contratación, por las empresas afectadas, de «informes estratégicos» a la sociedad canalizadora de dichas comisiones, «Equipo Económico»”, el despacho fundado en 2008 por el exministro de Hacienda. Los últimos datos anotan que la empresa de Montoro recibió unos ingresos por sus acciones de 10 millones de euros.

Pero como este tipo de acciones exigen organización, la de Montoro contaba con su propia estructura, bien asentada durante sus dos mandatos al frente del Ministerio de Hacienda (2000-2004 y 2011-2018). Lo que más asombra de este caso es la versatilidad y variedad de campos donde Montero actuaba, acomodando la legislación aplicable a la misma, desde el juego a otros operadores, como las grandes empresas consumidoras de energía. Según las investigaciones ahora reveladas, el despacho de Montoro era como una gran central operativa para intervenir directamente en el acomodo de hacer adaptar las leyes que afectaban al interés de sus clientes. Estos pagaban gustosos las tasas que se le imponían, tal y como señala la jueza García Cerdá, al comprobar que el despacho fundado de Montoro “Equipo Económico” en los correos enviados a sus socios, “evidencia el pago de comisiones y permite conocer que el importe de la dádiva solicitada a los empresarios interesados en reformas legislativas que beneficiasen económicamente a sus sociedades se veía incrementado si finalmente se conseguían las mejoras fiscales o tributarias introducidas a través de los proyectos de ley que se defendían desde los ministerios implicados, sin importar su coste fiscal para el Estado”.

En este sentido, el recuento de las investigaciones aporta otras evidencias llamativas. El nada sospechoso testimonio y queja de su compañera de partido, Esperanza Aguirre, ha venido a evidenciar el modo en que Montoro actuaba en otros terrenos. Aparte de sus propios camaradas, y todos eran sospechosos y quedaban bajo su lupa, ya fueran periodistas críticos, deportistas, artistas o personajes conocidos. Y no era nada sutil. Como manejaba información detallada, y que propiamente no es competencia del ministro, como lo acusa Esperanza Aguirre, en su caso, su capacidad de presión, advertencia o amenaza era ilimitada. Y lo mismo ocurrió con García Magallo y Soraya Saenz de Santamaría, con quienes mantenía discrepancias. En la lista de periodistas advertidos a ellos y sus empresas, destacan Javier Negrete, jefe de investigación de ABC, Carlos Alsina, de Onda Cero, o el propio Jiménez Losantos.