Los ataques miserables al presidente de Ceuta

Los ataques personales que, desde el Gobierno, medios afines, tertulianas de decoradas e instancias correspondientes contra el presidente de Ceuta, Vivas, rebasa todos los límites de la impudicia. Sobre todo, porque se haga recaer sobre este atribulado hombre la responsabilidad de unos hechos que tienen otros responsables por dejación y falta de previsión. Vivas alertó tempranamente de lo que se venía encima no ya de Ceuta, sino de toda la nación, y otro hubiera sido el panorama ahora desbordado, si le hubieran hecho caso desde el primer momento y se tomaran las medidas, como la declaración del Estado de Emergencia, o incluso más, en lugar de decirle que dejara de dar la lata y no llamara más. Hay frases, por cierto, que seguirán fijadas por la historia, como aquella de que “si necesitan ayuda que la pidan” o “pregúntele e Vivas”. Además del propio Sánchez, se distinguen dos Oscar, López y Puente, a cual más vil..

En ese conjunto de cerco a Vivas destacan por su impudicia la de algunos sujetos que ya tuvieron un carguito por abrevar en las poceras del PSOE y sobre todo, determinados análisis, recubiertos de pretendidas visiones literarias de un problema real. ¿Cómo se puede seguir alabando la colaboración de Marruecos, a cuyo frente se encuentra uno de los jefes de Estado más ricos del mundo, que exporta a miles de sus jóvenes (en edad militar, por cierto) con la pretensión de quedarse en Espala o usarla como trampolín para pasar a Europa, donde otro gran amigo de Marruecos que es Francia, cierra su frontera y los devuelve al lado anterior? Eso responde al principio de que cuando una persona intenta entrar ilegalmente en un Estado se devuelve a la “frontera anterior”, y que en nuestro caso es Marruecos. En circunstancias normales, Ceuta tiene una reducida capacidad para acoger menores, que ya está rebasada. El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la modificación de la ley de Extranjería para recomponer los sistemas de acogida de territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y así mejorar la atención a los menores. Esta capacidad ordinaria es clave dentro del sistema porque establece cuál es el número de niños y adolescentes que una comunidad debería acoger en base a su población. Melilla, con 30; y Ceuta, con 29. ¿Cómo puede decir a quien le pregunta al respecto en el Congreso que a quien hay que preguntar al respecto es al presidente de Ceuta es el reino de Marruecos?

El Gobierno no sabe ni el numero total de inmigrantes ilegales que siguen a su aire en Ceuta ni cuántos de estos son menores no acompañados. ¿Existe alguna posibilidad de devolverlos a sus familias o acabarán todos repartidos por la península? ¿Es responsable Vivas de que se tardaran semanas en iniciar el proceso para identificar a estos menores que se debe realizar en un centro de acogida, mientras cientos de ellos siguen en la calle? Ese proceso de filiación en cada caso, concluye con una entrevista para ver si puede o no ser devuelto a su familia. Cada menor debe estar asesorado por un representante legal.

¿Y cuántos son? Ni se sabe, porque cada día se dan datos diferentes. Los últimos cifraban en 2048 el número de menores tutelados por Ceuta, de los cuales 1.612 fueron filiados tras el cruce de finales de julio. Además, estima en otros 1000 o más, los que aún están en las calles, por lo que el proceso se alargará todavía unas semanas. La opción del Gobierno es la reubicación de estos menores por el resto de España, a lo que se niegan las comunidades gobernadas por el PP. Aparte, se sabe que entre los menores reales, como tantas veces se ha demostrado, se enmascaran mayores de 18 años.

El Gobierno se plantea reformar la Ley de Extranjería para imponer a las comunidades autónomas la obligación de acoger a todos los menores que se le adjudiquen, teniendo en cuenta que ya el Real Decreto que en su día determinó la capacidad ordinaria de acogida de menores de las comunidades, según el Ministerio de Juventud e Infancia, según su población es: Andalucía, 3.009; seguida de Cataluña, 2.829; la Comunidad de Madrid, 2.471; y Comunidad Valenciana, 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra se sitúa por debajo de los 1.000 menores. Galicia, 940; Castilla y León, con 830; Canarias, 783; Euskadi, 776; Castilla-La Mancha, 742; Región de Murcia, 553; Aragón, 476; Islas Baleares, 434; y Extremadura, 364. Melilla, con 30; y Ceuta, con 29.