¿Es que acaso es Cataluña la única comunidad con problemas e inmigración?

Insistamos en ello. Puigdemont se ha cansado de decir que la imposición a Sánchez de la cesión del control de fronteras y todo lo que conlleva a Cataluña es un acto más que conducirá a su reconocimiento como Estado, al asumir una de sus competencias plenas. El propio Felipe González acaba de decir que las competencias de fronteras son intransferibles. Y la ministra María Jesús Montero, aquella que decía que la amnistía nunca se otorgaría porque es contraria a la Constitución, acaba de explicar que lo único que se cede es la gestión, pero que queda plenamente en manos del Estado la competencia. Si se cede la gestión, ¿qué pito tocan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este asunto? ¿También quedarán a las órdenes del gestor que ahora gestionará la competencia? Y lo pintan como si nada. A partir de ahora, dicen, la única diferencia es que cuando un extranjero –no comunitario, entiendo—entre por la frontera, será un mosso d´esquadra y no un policía nacional el que le selle el pasaporte.

Como repetidamente nos enseña la doctrina, determinadas disposiciones legales, que por eso deben regular aspectos substantivos mediante leyes superiores u orgánicas que exigen determinadas mayorías, tienen dos aspectos: el propiamente jurídico y el simbólico. Para el independentismo, que Sánchez ceda tiene un sentido simbólico de reconocimiento de que a Cataluña le corresponde ir asumiendo competencias propias de un Estado, que es lo que debe acabar siendo. Y de ahí, que todas las explicaciones que viene dando el PSOE de Sánchez reducen su valor. La delegación de competencias supone el ejercicio de esas competencias, que por su propia naturaleza deben ser indelegables. Ya, puestos, ¿se podría ceder a Cataluña la competencia de Defensa y otorgarle que constara con fuerzas armadas propias, como en la práctica se ha defendido con respecto a los Mossos, por parte de determinados sectores del independentismo? Aparte de las fronteras, nótese la gravedad de las cesiones en el terreno del propio espacio marítimo que, en sus respectivos ámbitos hasta ahora ejercen el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y en último extremo la propia Armada, si fuera preciso.

Felipe González se ha sumado al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, en cuanto a que las competencias en inmigración "no son ni transferibles ni delegables". García Page dijo sentirse "abochornado" y "sonrojado" al considerar que el PSOE está pactando con la "peor" extrema derecha, en referencia al partido de Carles Puigdemont. Señaló además que este acuerdo "dinamita por completo" la posibilidad de llegar a un pacto de Estado sobre migración con las comunidades autónomas. Porque éste es el aspecto central de la cuestión.

El gobierno alambiquea las palabras para que dejen de decir lo que dicen. De eso se encargó lastimeramente la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, trató de diferenciar entre una cesión y una delegación. El que delega deja de ejercer sus propias competencias, aunque teóricamente las conserve, pero no las ejerce. ¿Se entiende la diferencia?

Pero es que, además, como ya han indicado destacados constitucionalistas, la cesión a Cataluña supone un agravio comparativo para otras comunidades que sufren graves problemas con la inmigración ilegal, especialmente en el caso de Canarias y el Levante. Pero es que el asunto tiene una proyección mucho más grave, la adulteración de la propia Constitución. Un dato habla por si solo: Mientras que el grueso de las Fuerzas Armadas española (tropa y marinería) no alcanca los 80.000 efectivos, los mossos llegarán ahora a la cifra de 26.000. Cuando se elaboró la Constitución hubo un amplio debate sobre aquellas competencias que no eran delegables por constituir el núcleo esencial de las del Estado. Y ahí está el artículo 149, que no puede ser reinterpretado, mediante la artera manipulación del 150.2. Esta no puede ser una herramienta para abrogar la Constitución, manipulando el lenguaje. Y por si faltara acto, todo esto no puede quedar al margen de un pacto de Estado con todas las autonomías que aborte la cuestión de manera integral, Y parte de la euforia de Junts que quiere adelantar el contenido del acuerdo, incluyendo imposiciones complementarias, que Podemos considera propios de la derecha racista, y que los propios restos del PCE considera inaceptables.