El juez no cree a Zapatero y reitera que hay “indicios de criminalidad” contra él

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero negó ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, al tiempo que declinó hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Así lo defendió ayer en una declaración de tres horas en la Audiencia Nacional como investigado ante el magistrado instructor del caso Plus Ultra, en la que sólo respondió a preguntas del magistrado y de su abogado, según informaron fuentes jurídicas. Zapatero explicó que está recopilando documentación para explicar el origen de las joyas, después de que el magistrado abriera una pieza separada en el caso y le imputara por presunto delito fiscal y contrabando al no ver acreditada la procedencia de las mismas, de acuerdo a las mismas fuentes.

El expresidente, a quien el juez llamó a declarar como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias para la obtención de beneficios económicos”, aseguró que no se puso en contacto con ningún funcionario respecto al rescate. Y negó haber mantenido contacto directo con directivos de la aerolínea rescatada y dijo que sólo conoció al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola -también investigado en el caso-, en el año 2024. A su vez, rechazó tener ninguna empresa en el extranjero.

Los indicios

El juez sospecha que, a través de ella, se habría canalizado el cobro de 530.000 euros -el 1% del rescate- que presuntamente habría recibido la supuesta red a cambio de sus gestiones para la concesión de la ayuda a Plus Ultra. A este respecto, el juez subrayó que Zapatero habría recibido pagos de Análisis Relevante por valor de 490.780 euros, un dinero que el expresidente defendió que recibió por trabajos de consultoría. No obstante, el juez cree que estas labores fueron simuladas y, en el fondo, encubrían el pago de comisiones.

Y es que según el relato del magistrado instructor, la presunta trama habría utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

¡Zapatero también se refirió a la actividad profesional de sus hijas, aduciendo que su sociedad, What The Fav -también bajo sospecha en la investigación-, funcionaba realmente y cobraba por realizar trabajos reales de maquetación, por lo que descartó cualquier tipo de irregularidad.

En este punto, el magistrado apuntó en el auto de imputación de Zapatero que la empresa de sus hijas recibió pagos de 423.779 euros por parte de Análisis Relevante y otras empresas investigadas en el caso. Nuevamente, el juez sostuvo que el cobro de estas cantidades respondía también a trabajos ficticios. De la misma forma, el expresidente se negó a contestar sobre sus vínculos con el empresario venezolano y exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes, en paradero desconocido y con una orden activa de busca y captura de Interpol. El contenido de su teléfono, intervenido por Estados Unidos y facilitado a la justicia española, es una de las fuentes de prueba sobre las que gira el caso.

El juez descarta medidas cautelares al no ver riesgo de fuga pero mantiene los delitos

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó imponer medidas cautelares, como la retirada del pasaporte pedida por la Fiscalía Anticorrupción, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado por el caso Plus Ultra, al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, si bien considera que “no ha logrado desvirtuar los indicios” con sus respuestas.

Así lo decidió en un auto de ayer, en el que descarta acordar las medidas solicitadas por Anticorrupción, que había pedido la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y firmas quincenales ante el juzgado. La acusación popular unificada, que lidera el PP, se adhirió a esa petición, si bien acusaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa solicitaron, de forma subsidiaria, prisión provisional para el exlíder socialista.

Con todo, Calama requiere a Zapatero que le facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que “permitan su inmediata localización” por parte del juzgado. El juez indica en su auto que adoptar una medida cautelar “exige siempre un juicio especialmente riguroso porque supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado”. A su juicio, Zapatero “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación”. En opinión del juez, Zapatero cuenta con una “visibilidad pública y un manifiesto arraigo en el territorio”, dos circunstancias que, unidas a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, descartan razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Además, Calama estima que “tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”.