La jueza de la Dana pide investigar a Mazón por "inactividad negligente"

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" el día 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Sin embargo, para la magistrada, esa investigación debe "extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil" a la "inactividad negligente" de Carlos Mazón, sobre quien asegura: "Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante", donde ese día el exjefe del Consell comió con la periodista Maribel Vilaplana.

De hecho, subraya que su permanencia "absolutamente pasiva, durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante, probarían una presunta grosera negligencia con una grave resultado mortal, 230 fallecidos, a los que han de sumarse los lesionados".

Así consta en un auto de 109 páginas, consultado por Europa Press, en el que la instructora nombra a las 230 víctimas y expone una a una cómo fallecieron en una emergencia cuya gestión correspondía "exclusivamente" a la Generalitat Valenciana, dado el nivel dos declarado, y en la que la dirección del plan correspondía a la investigada Salomé Pradas.

Audiencia provincial

Y cita en este sentido diversas resoluciones de la Audiencia Provincial que han incidido en la competencia de la Generalitat Valenciana en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, atendiendo al Estatuto de Autonomía, a la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias y al Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana.

Para la instructora, la cadena de negligencias se produjo "de forma sucesiva" y en ella intervendrían presuntamente Argüeso, Pradas y el propio Mazón, del que recuerda que, en aplicación de la jurisprudencia, se le ofreció hasta en tres ocasiones, la posibilidad de declarar en las diligencias.

A su juicio, "el punto de unión de los eslabones, el engarce, lo constituía el pase de una situación de emergencia a otra y derivaría en una responsabilidad compartida, entre el escalón superior e inferior, pero a la vez la estructura jerárquica implicaría que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior, y en el caso del Presidente de la Generalitat, dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la Ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

Entre los elementos de la negligencia, la instructora cita la convocatoria con retraso del CECOPI; retraso del envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando ya prácticamente todas las víctimas habían fallecido; la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica; la existencia de diversas fuentes de conocimiento "que obligaban al presidente a actuar", como los avisos de la Agencia estatal de Meteorología, los de la Confederación Hidrográfica del Júcar --respecto a los que niega "apagón informativo", como también subraya que rechazó la Audiencia Provincia--; la información difundida por los medios de comunicación o el número de llamadas "abrumador" al 112.

Ningún análisis moral o político

La jueza recalca que esta exposición razonada "no tiene su fundamento en el análisis desde un punto de vista moral o político de la conducta del aforado", sino que "la prolongada ajenidad que mostró en los momentos decisivos y de mayor mortandad" durante el 29 de octubre debe "analizarse desde el marco normativo de la jurisdicción penal partiendo del ámbito de actuación que pudo tener o su ausencia en la coordinación de la emergencia".

Y resalta, en su actuación varios puntos: "la minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia"; la "situación de ajenidad" desde que entró a comer sobre las 14:30 horas hasta las 20:28 horas, hora en que llegó a la sede del Cecopi en l`Eliana; la "pasividad" de la máxima autoridad del Consell en la gestión sin adoptar "decisiones relevantes" y, en relación con el envío del Es-Alert, considera que en el proceso de decisión y en su contenido existen "indicios de una eventual participación" de Mazón, entre otros motivos, porque la condición de José Manuel Cuenca, secretario autonómico y jefe de gabinete del expresident, convierte los mensajes dirigidos a Pradas "no en meras opiniones o en consejos, sino en órdenes".

A juicio de la magistrada, la afirmación de que el `president "podía permanecer ajeno, no tomar ninguna decisión, no coordinar, diferirlo todo a la Conselleria encargada de la emergencia o los técnicos encargados de la misma, no manifestar la pertinencia sobre el envío de mensajes de alerta a la población, ya fuera a través de ES Alert o de otros medidos, no controlar la adopción de decisiones, permanecer aislado durante un fenómeno meteorológico de la gravedad que se anunciaba, carece de sustento no solo lógico, sino legal", si además se le suma la posibilidad que le otorga la Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, de declarar la situación de emergencia catastrófica.

Pero, en todo caso, considera que "choca igualmente con los propios actos" del 'president' porque "si su presencia era innecesaria, si era una cuestión exclusivamente de los técnicos, si no debía de tomar ninguna decisión, no hubiera sido preciso su presencia en el Cecopi en ningún momento, ni antes ni después del envío de la alerta, ni enfundarse en un chaleco de emergencias, como parte de un operativo destinado a proteger a la población, ni intervenir en unas declaraciones públicas que se efectuaron durante el envío del segundo mensaje".

Por tanto, sostiene que ante la situación generada y que se venía gestando durante todo el día, "el presidente, ni cualquier otra persona que ostente la dirección de una organización jerarquizada que afronta una emergencia, puede adoptar una posición subordinada a un miembro de su propio gabinete, en este caso la Consellera", que "no podía contactar con el president en momentos críticos, en un periodo en el que se producían las llamadas y aparecen canceladas".

"La posibilidad de que se cancelaran por la testigo resultan ilógicas por ello, y podían obedecer a que se desconectara totalmente el teléfono, o se pusiera en modo avión. Llevar el teléfono en la mochila, tal y como declaró en el aforado, no nos situaría en una situación mejor. ¿Como se puede pretender coordinar, dar instrucciones cuando el instrumento para comunicarse no está a mano?", se pregunta.

Argüeso

Por otra parte, añade que los mensajes cruzados entre el investigado Emilio Argüeso y la consellera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda en ese día, Susana Camarero, "muestran igualmente una falta de coordinación y de directrices claras por el Presidente de la Generalitat" y, de ello, considera que es una prueba la conversación en la que él le dice que los barrancos "están a punto de colapsar" y ella responde: "Jope. Si necesitas algo nos lo dices".