El juez sienta a Rodrigo Rato en el banquillo por blanqueo y corrupción

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid abrió juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa que investiga el origen de su patrimonio, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares. En el auto, conocido ayer, el juez Antonio Serrano-Arnal descarta, sin embargo, añadir una supuesta falsedad continuada e insolvencia punible, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.

El magistrado, que también abre juicio contra una veintena de personas, físicas y jurídicas, requiere a Rato para que en el plazo de un día preste una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar su posible responsabilidad civil.

El pasado 1 de marzo, el titular del juzgado decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.

En aquella lista faltaba el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, "amigo" y supuesto colaborador de Rato a ojos de los investigadores, aunque por error, ya que sí se encuentra entre los acusados que tendrán que sentarse en el banquillo.

La apertura de juicio oral se conoce apenas dos meses después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara para el exministro penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuía, seis años por blanqueo, cuatro por insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios, y tres por falsedad documental. No obstante, el juez deja fuera del procedimiento los delitos de insolvencia punible y falsedad, al entender que ni las pesquisas ni la propia causa se centraron en tales infracciones.

Un total de once delitos

Rato será juzgado como autor de once delitos entre los ejercicios 2005 y 2015. La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre ese periodo por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria.