El juez Pedraz abre juicio oral contra la red catalana del 3%

El juez Santiago Pedraz abrió juicio oral para las formaciones políticas PdeCat y CDC y sus extesoreros Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el caso del 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública. En su resolución, notificada ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda la apertura de juicio oral para un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de dieciséis personas jurídicas.

Por otra parte decreta el archivo provisional parcial para el presidente de la constructora madrileña Grupo Ortiz Juan Antonio Carpintero. El magistrado adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción propusiera la semana pasada llevar a juicio a estos procesados.

Anticorrupción solicita 3 millones de euros en concepto de multa para PdeCat y CDC por un delito de blanqueo de capitales y para los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germá Gordó pide las condenas de prisión más altas, 21 años y 4 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, mientras que para Osácar reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad.

En su auto, contra el que no cabe recurso, el magistrado declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

Además de Anticorrupción, en esta causa ejercen también la acusación los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ayuntamiento de Barcelona acusa a ocho de los procesados de un delito de fraude a las administraciones públicas, entre ellos a Gordó y Viloca, y considera a PdeCat y CDC responsables civiles a título lucrativo. Una acusación similar a la que hace el Ayutamiento de Sant Cugat del Vallés, si bien esta se centra sólo en dos de los procesados Osácar y el empresario Jordi Sumarroca, y entre los responsables civiles a título lucrativo añade también a la mercantil Teyco.

El Ministerio Público por su parte considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Según el escrito del fiscal José Grinda, entre 2008 y 2015 “altos cargos” de CDC, “en connivencia” con cargos públicos, funcionarios de distintas administraciones catalanas y empresarios “pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta”.