El Gobierno blinda la sanidad pública y limita por ley la privada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997 y limitará la colaboración público-privada en la sanidad a situaciones excepcionales y previa evaluación, con el objetivo de priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado la norma como un "triunfo de la sociedad civil" y de las demandas ciudadanas de años, y ha señalado que protegerá y blindará el SNS frente a la especulación y la privatización. "Esta ley responde al lema ampliamente conocido: ‘La sanidad no se vende, la sanidad se defiende’", ha subrayado.

La titular de Sanidad ha asegurado que la ley pondrá coto a casos ‘absolutamente obscenos’, como los audios filtrados sobre supuestas órdenes del CEO de Ribera Salud para aumentar beneficios económicos de la empresa, y los problemas derivados de la externalización de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. García ha advertido que no se trata de episodios aislados, sino de un "problema estructural" que afecta a la calidad asistencial, aumentando infecciones, mortalidad evitable y desigualdad.

Colaboración con empresas privadas bajo control

El anteproyecto establece que la colaboración con entidades privadas solo será posible cuando no se pueda prestar el servicio por administraciones públicas, asegurando sostenibilidad financiera, eficiencia y cumplimiento de criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad. Además, se requerirá una evaluación previa obligatoria, con informe elaborado por la administración y analizado por un comité de expertos, profesionales y representantes de la sociedad civil. Dicho informe deberá publicarse en boletines oficiales y sedes electrónicas.

El texto incluye también una prioridad para entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en adjudicaciones y regula de manera específica los consorcios sanitarios, que deberán estar adscritos a una administración, auditar sus cuentas anualmente y respetar la normativa de estabilidad presupuestaria. Además, se regula el personal de estos centros, que podrá ser funcionario, estatutario o laboral. La norma prevé que la Alta Inspección del SNS asesore a las administraciones que deseen revertir servicios externalizados y prohíbe que empresas constructoras gestionen posteriormente hospitales.

Rendición de cuentas

El anteproyecto refuerza el buen gobierno y la transparencia: las comunidades autónomas y el INGESA deberán dotar a sus centros de instrumentos de gobernanza, y Sanidad y CCAA aprobarán indicadores comunes de salud y calidad en el Consejo Interterritorial del SNS. También deberán publicarse periódicamente datos sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Se prevé, además, externalizar auditorías cuando exista incompatibilidad entre auditor y auditado.

La norma será aplicable únicamente a conciertos y contratos posteriores a su aprobación, mientras los actuales seguirán hasta su vencimiento. En un plazo de un año, se elaborará un informe sobre experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, a cargo de expertos en economía y gestión sanitaria.

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, la ley iniciará su tramitación, que incluirá consulta pública, nueva aprobación en el Ejecutivo y posterior debate en el Congreso de los Diputados. García confía en lograr el respaldo parlamentario, insistiendo en que la ley es "tan necesaria que dudo que algún partido ponga por delante los beneficios económicos sobre la salud de la ciudadanía".

La ministra también ha respondido a las críticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha asegurado que el Gobierno pretende “acabar” con la sanidad madrileña. García ha insistido en que el objetivo es terminar con el "chiringuito" o “negociete” vinculado a la privatización del sistema.