Begoña Gómez da plantón al juez Peinado para su imputación

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no se ha presentado este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado en la cita que había programada para las 18:00 horas. En su lugar ha acudido su letrado. El motivo de la citación era comunicarle que que, si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid citó para este sábado a las 18.00 horas a todas las defensas y acusaciones para cumplir con este trámite legal en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si esta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

La incógnita de si la esposa de Pedro Sánchez acudiría personalmente al juzgado, porque no estaba claro que tuviera que hacerlo, se ha mantenido hasta el último momento y finalmente ha optado por estar representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho.

Los otros dos investigados en esta pieza separada son la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que también estaban citados para este sábado y han optado igualmente por no acudir y enviar a sus letrados.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el juez contaba con que los imputados acudieran físicamente, al entender que era su obligación legal. Pese a ello, la comparecencia se ha celebrado con los abogados de Gómez, Álvarez y Martín Aguirre, y el resto de partes.

La defensa se ampara en una circular de la Fiscalía

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press han indicado que las defensas se han amparado en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable".

Dicha circular sostiene que en este tipo de comparecencias solo se concretan los términos de la imputación y es suficiente con que acuda la defensa del investigado porque "no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado".

Según fija la ley, en la comparecencia el juez escucha a la Fiscalía y al resto de acusaciones --en este caso, la acusación popular dirigida por Hazte Oír--, "quienes concretarán la imputación". Luego será el turno de las defensas, que podrán reclamar el archivo. Todas las partes "podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas".

En este caso, la vista tiene lugar seis meses después de que Peinado abriera esta pieza separada para indagar en la contratación de Álvarez. En mayo acordó investigar a Martín Aguirre por malversación y, en ese momento, descartó atribuir dicho delito a Gómez y a Álvarez, aunque finalmente fijó su imputación el 18 de agosto.

Las acusaciones sopesan pedir a Sánchez que testifique

Por su parte, las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír (HO), sopesan pedir nuevamente la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en esta pieza separada, como parte de una batería de diligencias de investigación, según fuentes jurídicas.

Luis Pardo, abogado de Iustitia Europa, que integra las acusaciones populares, ha avanzado en declaraciones a la prensa que pedirán diligencias "sustanciales" y, por tanto, "imprescindibles", que ya se han practicado en la pieza principal del caso pero que considera que deben retomarse.

Asimismo, ha destacado la importancia de conocer los informes que elabore la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio.

A este respecto, en un reciente auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Peinado recuerda que sigue pendiente de recibir los correos electrónicos de Gómez por parte de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y del Instituto de Empresa, así como "las relaciones de correo electrónico del institucional" de la mujer de Sánchez.

El instructor señala que tampoco ha recibido aún el listado de las personas que han autorizado, aprobado y ordenado el pago de las retribuciones de Álvarez y de las personas que han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 hasta la actualidad.