Iluminar a la clase política (y que no nos dé la luz por el camino)

Hace unos días publiqué un primer artículo en el que defendía —con rabia y con razón— la necesidad de que la ciudadanía deje de mirar con pasividad la corrupción que enquista nuestras instituciones. Hoy, tras nuevas noticias y audios que confirman prácticas que huelen a sobres y dinero negro, toca insistir: la indignación no puede quedarse en lamentos ni en chistes de barra del bar. Debe transformarse en exigencia pública, presión institucional y —sí— protesta organizada. Pero con cabeza y dentro de la ley.

La corrupción que se disfraza de chistorra

La reciente aparición de informes y grabaciones que mencionan pagos en efectivo y “sobres” no es un rumor menor: la Unidad Central Operativa (UCO) y distintos medios han documentado operaciones que afectan a cargos relevantes y que han acabado en citaciones judiciales.

Y lo más grave no es solo el fondo del asunto, sino las excusas que dan los implicados. Ante preguntas de periodistas, algunos de los investigados han tenido la desfachatez de justificar palabras como “chistorra” o “Soles“ diciendo que se referían, respectivamente, a una compra de embutido para los amigos del partido o a una supuesta “moneda peruana”. Es decir: además de jugar con el dinero de los españoles, pretenden tomarnos por idiotas.

Espero sinceramente que la citación que estos personajes han recibido del juez del Tribunal Supremo no les sirva también para reírse de la justicia, porque si algo merece respeto —por ellos y por nosotros— es la ley en su máxima expresión: en una sala judicial.

El precedente de Cangas, 1989

No hace falta irse lejos para comprobar el poder de la protesta ciudadana. En Cangas do Morrazo, en mi provincia de Pontevedra, se vivió en 1989 un episodio que marcó un antes y un después: la subida desproporcionada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) provocó una revuelta vecinal tan contundente que terminó con la dimisión del alcalde, Lois Pena.

La violencia que se desató fue consecuencia directa de la impotencia de un pueblo que no se sentía escuchado. Aquel episodio —con manifestaciones, caceroladas y un rechazo masivo a pagar los recibos— demostró que cuando el pueblo se une y dice “basta”, el poder tiembla. Y aunque nadie desea volver a escenarios de tensión, aquella insumisión logró lo que la política no pudo: hacer rectificar a los gobernantes. Fue una lección de participación popular, aunque dolorosa, y un recordatorio de que el poder no es invencible si la ciudadanía actúa con determinación.

El Tribunal de Cuentas o el “tribunal de cuentos”

El Tribunal de Cuentas debería ser el garante de la transparencia, pero muchos ciudadanos perciben que sus informes y sanciones no tienen el efecto disuasorio que deberían. Los escándalos se acumulan, los informes se publican… y las consecuencias apenas llegan. Esa distancia entre el informe y la sanción efectiva alimenta la idea de impunidad que hoy domina el debate público.

Y mientras tanto, a los ciudadanos y empresarios nos basta un error administrativo para que nos caigan multas, embargos o intereses. ¿Por qué no se aplica la misma severidad a los dirigentes que despilfarran dinero público? Si existiera verdadera equidad, esos responsables deberían devolver lo malgastado, pagar sanciones proporcionales e incluso quedar inhabilitados para volver a gestionar fondos públicos. Solo así habría justicia.

Qué hacer sin cruzar la línea

¿Qué podemos hacer, entonces, que sea eficaz y legítimo? Propongo tres líneas de acción que recuperen el protagonismo ciudadano sin caer en la ilegalidad:

1. Presión institucional y transparencia activa. Exigir auditorías externas, acceso público a las cuentas de los partidos y la creación de comisiones ciudadanas que fiscalicen el gasto político.

2. Movilización cívica pacífica y sostenida. Manifestaciones, recogidas de firmas, campañas de denuncia pública y acciones legales colectivas. La historia de Cangas demuestra que la presión organizada, incluso a pequeña escala, puede derribar muros.

3. Reforzar los mecanismos legales. Denunciar sin miedo ante la justicia y apoyar a las plataformas y periodistas que luchan por la transparencia.

La verdadera insumisión

No puedo —ni debo— promover el impago de impuestos. La protesta democrática debe empujar a mejorar el sistema, no a destruirlo. Pero sí puedo promover la insumisión cívica: la que exige rendición de cuentas, la que ilumina los rincones oscuros del poder y la que recuerda que los cargos públicos son servidores, no señores.

Invito a todo aquel que crea que es posible regenerar la política desde la acción ciudadana a sumarse. No con violencia ni con desobediencia fiscal, sino con inteligencia, transparencia y unión.

La política se ilumina con luz pública, con presión sostenida, con procedimientos rigurosos y con ciudadanos que no se resignan. Si conseguimos eso, habremos dado un paso hacia una clase política que por fin entienda que su primer deber es servir al pueblo —y no servirse de él.

Julio López. (Soñador de valores)