La Xunta acaba de poner en marcha lo que se podría denominar Navia-2, la ampliación del polígono con otras 1.600 viviendas para dar residencia futura a unos 5.000 vecinos, en un desarrollo que no será corto y que se prolongará, en el mejor de los casos, hasta 2028. Y que se hará largo para los miles de vigueses que están a la espera de conseguir una vivienda por un precio módico al ser de protección pública (VPP) o una promoción privada pero acogida a las mismas exigencias que las VPP.
En la cola hay ahora mismo en Vigo un total de 5.582 demandantes de todo tipo de opciones, en su mayoría decantados por el alquiler, que será la fórmula utilizada en Navia-2 en las VPP. Pero todo esto significa que para para dar satisfacción a las peticiones existentes, todas las incluidas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta, habría que desarrollar cuatro nuevos Navia. O si se quiere, tres más además del polígono que se está urbanizando desde el pasado mes de noviembre.
Las peticiones son tan altas que los 5.582 vigueses inscritos en el registro son más que la suma de los demandantes de vivienda de las ciudades de A Coruña (2.703), Lugo (1.017), Santiago (996) y Ourense (549) juntos, lo que confirma que se trata de un problema mayúsculo centralizado en la primera ciudad gallega. Curiosamente, el número es algo inferior a hace unos meses, cuando llegaron a 6.900 y la explicación no se encuentra en una mejora de las condiciones, sino la supresión de la lista de miles de personas al no renovar su solicitud después de tres años. Se trata de una medida administrativa que tiene efectos sobre el papel, pero que no reduce la alta demanda en Vigo de un piso protegido.
Las 1.600 del Navia-2 solucionarán una parte, pero muy limitada. Y los planes en marcha para otras promociones tardarán años. Incluso el nuevo Plan General no dejará de ser una referencia, pero no mucho más. Contempla la posibilidad de desarrollar 15.000 viviendas protegidas en un plazo estimado entre 20 y 25 años, en gran parte a través de la iniciativa privada.
En estas condiciones, a día de hoy solo está en marcha en Vigo como gran promoción social la urbanización de la ampliación de Navia, que la Xunta recuerda que se trata de la mayor operación urbanizadora de suelo para vivienda protegida en Galicia con fecha de final en 2028. El cronograma contempla tres fases, correspondientes a cada uno de los tres polígonos en que se divide el ámbito. Por lo tanto, señalaron fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, en un plazo de cuatro años a contar desde ahora las viviendas de los dos primeros polígonos que se van a urbanizar (en los que hay proyectadas 727 y 701 viviendas protegidas de promoción pública y privada, respectivamente) deberían estar construidas o en construcción. “Esta cifra representa el 90% de las 1.600 previstas en toda la ampliación, ya que en el polígono o fase 3, el más pequeño, solo están proyectadas unas 144 viviendas protegidas”, indicaron.
¿Y a partir de ahí, qué? Desde el ámbito de la Administración autonómica se señala al Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) —90% por la Xunta de Galicia y en un 10% por el Concello— que aprobó esta pasada semana la contratación de la obra de rehabilitación del edificio situado en la intersección de las calles San Sebastián y Hortas, con una inversión prevista de más de 700.000 euros para la construcción de dos viviendas en el Barrio Alto, la antigua Ferrería. También tiene otras dos rehabilitaciones en marcha: Elduayen, 31 y Subida ao Castelo, 9. Además, en el Plan de Actuación, Investimentos e Financiamento (PAIF) 2024 se contempla también invertir en la rehabilitación de otros tres edificios (Ribeira do Berbés, 39; Elduayen, 39; e Rúa Alta, 8-14), actuaciones que permitirán obtener un total de 22 nuevas viviendas de protección autonómica. Todas estas actuaciones suman una cifra reducida, lejos de satisfacer la demanda en la ciudad.
Los promotores apuntan a pisos en el área y el sector inmobiliario a la Sareb
¿Qué se puede hacer? Los promotores inmobiliarios no aportan buenas noticias, más allá del efecto que pueda tener el PGOM. Destacan el fuerte incremento de los costes, que afectan al precio final del metro cuadrado, subiendo a 500 euros el metro edificable y 1.500 euros el metro de construcción, “y si a eso sumas tasas es casi imposible, ya partes desde 2.000 euros el metro”, indicaron. Reconocen que la aprobación del PGOM es clave para poner suelo a disposición, “porque cuanto más haya, menos caro será”, pero también que en Vigo no va a ser fácil encontrar buenos precios. La solución, vivir en el entorno, donde la vivienda es más asequibles. “Es un problema grave, difícil de abordar”, zanjan.
Benito Iglesias, presidente de la federación inmobiliaria, destaca que el 40 por ciento de los demandantes de vivienda en Galicia son de Vigo y dos de cada tres solicitan alquiler. El Plan General es necesario para desarrollar VPO (vivienda de protección oficial) en cualquiera de sus vertientes, porque da seguridad jurídica, pero hay otras particularidades. Tampoco es optimista. “El Plan General prevé desarrollar 15.000 VPO, pero eso no va a pasar ni en tres décadas, hacen falta planes de choque y, en cambio, la ley estatal crea inseguridad”.
Con respecto a la Xunta, considera que tiene que apostar por la VPA (VPO autonómica) en colaboración pública-privada. “Es la única forma de que se puedan construir miles de viviendas, la Xunta pone el suelo y los promotores ejecutan”. Y además, reclama usar los activos inmobiliarios de la Sareb, tanto las viviendas finalizadas, como las a medio construir y el suelo disponible. "Que se ponga a disposición a coste cero a la Administración gallega. El único camino es seguridad jurídica y reclamar los activos de la Sareb.
Apunta además la rehabilitación de edificios, pero en Vigo la tramitación de una licencia supera el año. “Que hagan una visita al alcalde de Oporto, donde tarda una semana, las facilidades para reforma son inmensas”.
