Las peticiones de la ayuda de la Risga crecen en Vigo hasta niveles máximos

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no ha reducido la petición de las famosas Rentas de Integración Social (Risga) de la Xunta, que sigue en niveles máximos, según señalaron desde la Delegación del Gobierno gallego en Vigo. En concreto, la Risga mantiene una cuantía para este año de 402,80 euros y hay 4.226 perceptores en la provincia, de los que la mitad, 2.159 son de Vigo. A la Xunta esta renta le supuso en 2020, sólo en la demarcación metroplitana viguesa, un gasto total de 12,5 millones de euros, que con toda probabilidad se mantendrán en 2021: en los dos primeros meses de 2021 ya ha tenido que pagar dos millones en la ciudad para mantener la prestación.

Desde la Xunta en Vigo se insiste en que esperaban un descenso de peticionarios con la puesta en marcha de IMV, pero no ha sido así en absoluto, según indicó la delegada, Marta Fernández-Tapias. ”No ha supuesto un descenso en el número de solicitantes de Risga. Vigo cerró 2020 con una media de 77 solicitudes al mes, y esa media se elevó a 107 en lo que va de 2021”, señala con cifras en la mano. En teoría ambas rentas son incompatibles entre sí, pero no del todo: “Si te pagan 320 de IMV, damos el resto”, explica.

DOS PRESTACIONES

Si un perceptor de Risga percibe un ingreso mínimo de cuantía superior a esta, hay que extinguirle la renta de inclusión gallega. Cuando el Ingreso Mínimo Vital percibido en la unidad familiar es inferior a la cuantía que corresponde de Risga, se aminora la cuantía de esta. Por lo tanto se percibirían las dos prestaciones.

Por otra parte, Fernández-Tapias criticó los retrasos en la tramitación de los expedientes, por parte del Concello, para la concesión de las Risga, y señaló que los servicios municipales vigueses tarde una media de 5 o 6 meses en hacer los informes de valoración, "cuando la ley marca claramente que debe ser un mes". Apuntó que la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital ha complicado todavía más la tramitación, porque a consecuencia hubo que revisar muchos expedientes.

La delegada de la Xunta lamentó esos retrasos "inadmisibles" en una ciudad que concentra la mitad de los perceptores de Risga de la provincia y que el cambio en el sistema de inicio de los expedientes por parte del Ayuntamiento (que ahora aporta la solicitud con "apenas documentación" y con entrada directa en el registro de la Xunta) "ralentiza si cabe aún más unos plazos ya de por sí inaceptables".

Explicó Marta Fernández-Tapias que antes era el Gobierno autonómico quien recibía el informe completo de valoración y el proyecto de integración de los solicitantes, mientras que ahora tiene que requerírselo al Ayuntamiento para poder continuar la tramitación. "Además, una vez llegado ese informe, es muy habitual que se tenga que requerir más información, por lo que los plazos se disparan", añadió la delegada de la Xunta en Vigo.

Cuando el Ingreso Mínimo no llega

La pandemia –y la crisis económica derivada de esta– acentuó la desigualdad social estresando al máximo los mecanismos públicos destinados a luchar contra la misma. Por este motivo, el pasado verano el Gobierno central puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una cuantía mensual abonada por el Estado para todas aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Esta medida se suma a otras ya existentes como el Risga (de carácter autonómico) o el RAI (gestionada por el SEPE), aunque los trámites del mismo, de acuerdo con usuarios consultados por este periódico, puede llegar a ser excesivamente lenta y trabada, contradiciendo el carácter urgente y excepcional del mismo.

Tal es el caso de Patricia –nombre ficticio–, divorciada, en paro y con dos hijos menores a su cargo, que lleva tramitando el Ingreso Mínimo Vital desde el pasado mes de julio. El estallido de la pandemia complicó todavía más su búsqueda de trabajo. “Desde entonces, sólo trabajé durante algún tiempo cuidando a una anciana, pero su familia finalmente decidió llevarla a una residencia”, explica Patricia. Hasta el mes pasado cobró el Risga, que le proporcionaba algo más de 300 euros al mes, que apenas le daban para cubrir el alquiler más todos los gastos de luz, agua y bienes de primera necesidad.

Este mes de marzo recibió por primera vez una respuesta a su solicitud del Ingreso Mínimo Vital: “Me lo rechazaron porque dicen que falta documentación cuando no es así, lo revisamos todo bien”, señala. Actualmente, Patricia recibe mensualmente el RAI, esto es, la Renta Activa de Inserción, una prestación no contributiva destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que tienen dificultades para acceder de nuevo al mercado de trabajo. Aunque percibe algo más de 400 euros mensuales, la mayoría se le van solamente en el alquiler y reconoce que de vez en cuando tiene que recurrir a préstamos de conocidos para llegar a fin de mes. Mientras busca trabajo, “de lo que sea”, Patricia hace voluntariado para ayudar en lo que pueda a aquellos que se encuentran en situaciones similares a la suya. Continúa esperando el Ingreso Mínimo Vital que, de concedérsele –calcula que por sus condiciones ascendería a cerca de 700 euros–, le permitiría vivir un poco más tranquila con sus dos hijos mientras trata de volver a trabajar: “He dejado currículos por ahí en muchísimos sitios”, indica.

En el caso de Ignacio –nombre ficticio–, cuando a su mujer le concedieron el Ingreso Mínimo Vital el pasado verano, en lugar de aumentar su calidad de vida, se la redujo. Ignacio padece una cardiopatía impeditiva y cobra una pensión no contributiva por invalidez de 395 euros, mientras que su mujer no puede incorporarse al mercado laboral porque tiene que ocuparse de cuidar a su madre, una persona dependiente.

Así, hasta el verano pasado percibían cerca de 200 euros por el Risga –una cantidad reducida debido a la pensión que cobra él– y decidieron pedir el Ingreso Mínimo Vital pensando que podrían llegar un poco menos desahogados a final de mes. Lejos de eso, la cuantía que perciben del Estado son 135 euros mensuales y desde entonces ya no optan al Risga. Así, teniendo que pagar un alquiler de 425 euros más los gastos de luz, agua y víveres, “vamos muy justos”, explica Ignacio, que agradece la suerte de contar con amigos que les ayudan a llegar a final de mes cada vez que lo necesitan: “Vamos tirando y por suerte de comer no nos falta”.

Aunque el Ingreso Mínimo Vital es una prestación destinada a ayudar a los más vulnerables, todavía presenta defectos de forma que consiguen lo contrario.