Más vivienda digna para evitar sucesos como en Alfonso X

Un luto colectivo que todavía dura un año. Y un recuerdo imborrable de esa fatídica noche del 11 de octubre del 2023. El colectivo Os Ninguéns realizó ayer un acto emotivo para recordar no solo a los fallecidos (Rosana y tres de sus hijos adolescentes Sara, Aldara y Ezequiel), sino también a todo el edificio de Alfonso X, número 6, que aquella noche vivió una pesadilla. Desde el incidente se encuentra precintado, a la espera de que la empresa propietaria lo deje en unas buenas condiciones de salubridad y habitabilidad.

La convocatoria, que reunió a medio centenar de personas, no solo tuvo palabras en homenaje a unos fallecidos que, según el colectivo Os Ninguéns, se buscaban la vida como okupas en un inmueble de condiciones pésimas. Hubo también momentos para la reivindicación. Reivindicar la apuesta por una vivienda digna en la ciudad, por más derechos para las personas vulnerables y más voluntad política por parte de los partidos. Asimismo, visualizar las dificultades que tuvieron para vivir en un inmueble Rosana, Emilio (el padre, que sobrevivió con daños físicos evidentes) y todas las personas que vivían en el número 6 de la Rúa Alfonso X. “¿Porqué tienen que vivir episodios de racismo y nadie querer alquilarles una casa?

Son personas en situación de extrema pobreza severa, casi siempre ocupan viviendas sin uso y convendría mejorar las palabras hacia ellos”, apuntaron desde el colectivo. Unas 25 personas aproximadamente que habitaban el inmueble y que han visto como, a raíz del suceso, la Fiscalía actuará de oficio por un delito leve de usurpación, según apuntaron desde Os Ninguéns: “Han vivido aquí porque no tenían más remedio, pero no citan al Concello para preguntar qué pasó con esas personas, pues sabían de su situación y no dieron alternativa habitacional”.

Tras una actuación musical de Orisel Gaspar y Pedro Román, se leyó un manifiesto donde se insta a que este tipo de desgracias nunca vuelvan a suceder, con el apoyo y la responsabilidad de todos: “Las administraciones tendrían que comprar viviendas habitables, reclamar los activos de la Sareb y las vacías del profesorado y funcionarios de instituciones penitenciarias”. Una medida que, junto con las 20.000 viviendas vacías en Vigo, evitarían que “se vivan situaciones de personas que vivan en infrapensiones, chabolas o viviendas insalubres".

Desde el Concello apuntaron que una vez ocurrido el suceso, se adoptaron medidas urgentes de seguridad y se inició el procedimiento de ejecución de obras, que no aplicaría la propiedad hasta el 30 de julio de 2024. Una vez pasado julio, el Concello entregó la responsabilidad a la propiedad de su arreglo, que todavía no se ha producido. A su vez, el Concello asegura que tuvo que asumir en solitario y durante 9 meses la solución habitacional de los desalojados, pese al acuerdo con la Xunta.