La Policía ha detectado en Vigo los primeros casos de empadronamientos en viviendas ocupadas ilegalmente. La Ley no solo permite sino que obliga a los ciudadanos a estar empadronados en el lugar donde residen y, bajo supervisión de servicios sociales, censar a aquellas personas que no tienen hogar en distintos lugares como albergues o comunidades. Durante una reciente intervención policial en un inmueble okupado, se pudo conocer la existencia de “inquilinos forzosos” que llegan acreditar la posesión de la vivienda, a la que accedieron por encontrarse vacía o deshabitada. De hecho, se había llegado a encontrar hasta cien personas empadronadas en un mismo domicilio ajeno en Navia.
“Es posible el empadronamiento aportando facturas de suministro, de agua, luz…”, explica José Pazos, el abogado vigués que consiguió el desalojo de una pareja en Teis, pero afirma que “este procedimiento puede ser un arma de doble filo, porque si bien permite acreditar que residen en la vivienda ralentizando el proceso, también facilita su plena identificación a la hora de que respondan judicialmente”. De hecho, la experiencia es que cuando los okupas son denunciados intentan eludir esa identificación obligatoria para poder notificarles de cara al juicio, asegura. “Lo importante es actuar con rapidez”, incide el letrado para que el desalojo se pueda hacer efectivo cuanto antes.
En otra de las desocupaciones recientes, las pasadas Navidades, en una casa en Cabral, la pareja que se “coló” en el inmueble y que llegó a un acuerdo con los propietarios para marcharse no habían causado destrozos pero habían dejado patente su intención de permanencia con una instalación de ADSL.
Censarse es importante para las familias a la hora de tener acceso a los servicios públicos, de ahí que la mayoría de casos detectados se alejen de la okupación con mayor incidencia en la ciudad, la de fincas o viviendas en ruinas convertidas en nichos de inseguridad o incluso “narcopisos”. En los últimos meses se han registrado quejas por parte de vecinos que sufren las consecuencias de este tipo de ocupación en Travesía de Vigo, Calvario, San Xoán Poulo, Teis, Samil, Hispanidad o Tomás Alonso.
Los propietarios que han acudido a la vía penal han conseguido en el último año la condena de cerca de una docena de personas a los que el juzgado obligó a marcharse de viviendas, la mayoría vacías por herencias en venta o parte de fincas sin actividad.
Según los datos del Ministerio de Interior, en 2022 se registraron en Vigo y provincia 54 ocupaciones de viviendas ilegales, algo menos que en 2021, cuando se rozaron las 60, la mayor cifra registrada en siete años. No obstante, las órdenes de desalojo por okupación el año pasado supusieron un porcentaje muy pequeño respecto a las 399 ejecutadas, confirmaron desde la Oficina de Notificaciones y Embargos, que constataron que son excepcionales los casos en los que los denunciados se niegan a cumplir el lanzamiento, una vez ordenado por el juzgado.
Registran propuestas ante el Concello
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha registrado en varios concellos españoles, entre ellos el de Vigo, un documento con 56 propuestas para debatir en el pleno en las que piden entre otras cosas ofrecer solución habitacional a las familias vulnerables con celeridad y agilizar la valoración de vulnerabilidad. En cuanto al padrón, asegurarse de que los empadronamientos se hacen con contratos legales o autorización expresa del propietario y eliminar el criterio de empadronamiento con los documentos de instalación Wifi, entre otros. Asimismo solicitan ampliar los recursos policiales para vigilar las zonas ocupadas y un protocolo especial en narcopisos y narcoburdeles.
