El caso Déborah se enfrenta a su posible última prórroga

Los nulos avances en las diligencias pendientes de la investigación sobre la desaparición y muerte de la joven Déborah Fernández, en 2002, podrían llevar al Juzgado de Instrucción 2 de Tui a prorrogar de nuevo el caso al menos otros seis meses. La decisión, que hasta ahora se había convertido en algo casi automático, toma otro cariz, después de que la instructora decidiera en julio pasado rechazar la petición de archivo provisional solicitada por los abogados de la familia.

En noviembre se cumplieron cuatro años desde que el juzgado decidiera reabrir una causa que había permanecido en un cajón otros nueve. A pesar de los esfuerzos de la familia para recabar pruebas y de lograr mantener el caso vivo frente a la prescripción, al citarse como investigado al exnovio, el inmovilismo en el que cayó la investigación llevó a la acusación particular a solicitar el archivo.

El juzgado consideró que todavía había que esperar al resultado de dos diligencias pendientes: el análisis del teléfono móvil atribuido a la joven y la nueva prueba de ADN al investigado. Para ello, la instructora dio un nuevo plazo de seis meses que se cumplen en el inicio de 2024 sin que se hayan resuelto todavía dichas actuaciones. Los argumentos que impidieron el sobreseimiento provisional en julio llevarían a una nueva prórroga, que no obstante podría ser la última.

De ser así, el próximo mes de julio uno de los casos más inquietantes ocurridos en Vigo quedaría zanjado de una forma u otra, ya que no quedan más diligencias de investigación con el visto bueno judicial sin llevarse a cabo. Las expectativas de que de alguna de esas dos pruebas pueda obtenerse información relevante son mínimas. La Policía todavía no ha informado sobre el examen del teléfono móvil hallado durante unas obras en la Comisaría de Canillas, en Madrid, que se cree perteneció a la víctima, y que se trata de un terminal sin tarjeta SIM, lo que eliminaría las posibilidades de hallar nuevas pistas. Por otro lado, la nueva prueba biológica al investigado, a la que él mismo ha accedido, supondría una prueba de descargo sobre la única persona contra la que podría continuar la investigación judicial, ya que el caso prescribió en 2022.