La prisión de la provincia de Pontevedra, con capacidad para albergar a unos mil reclusos, dispone de solo cuatro médicos en activo mientras que hay otras cinco plazas de facultativos que están vacantes en este momento. Por si esto fuera poco, dos de estos cuatro médicos del penal están a punto de jubilarse, con lo que la situación podría empeorar. Esta falta de recursos provocó que A Lama se acogiese a una excepción y haya suscrito contratos temporales con la sanidad privada para cubrir los fines de semana.
La situación que se vive en A Lama es muy similar en toda España, donde se calcula que falta más de la mitad de la plantilla de facultativos (un 56%) en prisiones.
Si ya está siendo sumamente complicado atraer a médicos de familia a los centros de salud, se considera todavía más difícil conseguir que se presenten candidatos a las oposiciones de sanitarios para prisiones porque es un trabajo duro y que no está bien remunerado según algunas fuentes.
La plantilla de médicos del sistema sanitario penitenciario de Galicia es de 32 plazas, pero en este momento hay nada menos que 19 vacantes, un 60 % del total. Al margen de A Lama, la prisión que tiene las peores cifras es la de Teixeiro en A Coruña, con 7 vacantes en una plantilla de 9 facultativos, según informan fuentes sindicales del sector. A Teixeiro le espera un futuro aún peor porque a corto plazo se quedará con un solo facultativo para las 24 horas los 365 días del año. Le sigue el centro penitenciario de Bonxe, con 3 vacantes de una plantilla de 5 facultativos, y Monterroso con dos vacantes y dos médicos trabajando, ambas en Lugo. Por último, en Ourense habría en este momento una vacante y tres médicos en activo.
En España solo el País Vasco, Cataluña y Navarra asumieron estas competencias sanitarias de prisiones tal como estaba contemplado hace años en la legislación, mientras el resto de comunidades autónomas aún no han dado este paso. Galicia tenía previsto solicitar el traspaso de esta competencia, pero exigía que estuviera “acompañada de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para atender este servicio".
Mientras tanto, en enero del año pasado la Consellería de Sanidade permitió el acceso de los sanitarios de prisiones a la historia clínica de los reclusos, una demanda histórica del colectivo y también de los Colegios de Médicos porque esa forma de trabajar “a ciegas” añadía burocracia a la hora de pedir pruebas, acceder a los resultados o simplemente conocer la situación de sus pacientes desde sus patologías previas a la medicación que toman entre otras circunstancias.
Funcionarios de prisiones, al borde de la movilización
Las organizaciones sindicales que representan al personal penitenciario reclaman una “reclasificación” de las cárceles españolas, que conllevaría cambios en su modelo organizativo y en las condiciones laborales y salariales del personal.
Las negociaciones con el Gobierno central estaban rotas, tras distintas reuniones y compromisos adquiridos el año pasado, pero esperan que se puedan retomar. De lo contrario, los sindicatos ya anunciaron que estaban dispuestos a emprender movilizaciones. La semana pasada ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que si no se desbloquea la situación y la Administraciónno presenta una oferta que permita reiniciar la negociación, estudiarán el inicio de movilizaciones.
Solicitan "poner en valor al trabajador penitenciario, porque es el garante de este servicio público esencial". Aseguran que la reclasificación de centros permitirá mejoras necesarias en prisiones y que por otro lado recuerdan que faltan 4.000 trabajadores en las cárceles administradas por el Estado. "Si no tenemos personal, se merma la seguridad y se merma el tratamiento penitenciario". De hecho, una de las consecuencias de esta falta de plantilla para atender a toda la población reclusa es el elevado número de agresiones que se producen en prisión. El año pasado se produjo una agresión cada 21 horas en prisión. Instituciones Penitenciarias gestiona un total de 68 prisiones repartidas por 16 comunidades autónomas. Sólo Cataluña, País Vasco y Navarra tienen transferidas hasta ahora las competencias.
