El incremento de delitos en Vigo, que en 2022 llegó a su récord, ha tenido efectos judiciales. No solo las demandas de Primera Instancia, las de mayor peso en la litigiosidad, requieren de un sobreesfuerzo por parte del personal. La propia Audiencia, que ha conseguido por fin la quinta plaza de magistrado para civil, arrastra en su sala penal el aumento de causas.
A día de hoy, pese a que según la última memoria de la Fiscalía, la sección quinta de Vigo asume el 41% del trabajo de toda la Audiencia provincial, la ciudad solo cuenta con una única sala, algo parecido a lo que ocurre con la civil, y la carga de trabajo es especialmente notable en la ejecución de sentencias. A día de hoy, arrastra un total de 350 fallos que pese a ser firme están pendientes de hacerse efectivos. De hecho, dicha sección cuenta con dos funcionarios más de refuerzo y con cuatro destinados a las ejecuciones, solo una parte de todo el trabajo que asume procedente de Vigo, Gondomar, Baiona, Nigrán y la comarca de Redondela.
La Audiencia se ocupa de juzgar los casos más graves, aquellos que pueden conllevar penas de más de seis años de cárcel, y en los que han cobrado especial relevancia las agresiones sexuales, disparadas. Solo el año pasado, hasta el último trimestre, estas crecieron en más de un 70% solo en el municipio de Vigo, según datos del Ministerio de Interior, que también refleja un aumento de los intentos de homicidios. A eso hay que sumar que fue uno de los ejercicios con récord de juicios con jurado por asesinato, que fueron celebrados y sentenciados por la sección quinta de la Audiencia, así como el elevado número de recursos que llegan hasta este tribunal.
El proceso más complejo y delicado llega en el momento de hacer efectivas las sentencias, una vez que son firmes bien por haber llegado a un acuerdo y descartarse el recurso, bien tras la apelación a otras instancias.
Subastas de bienes para multas o indemnizaciones
La ejecución de sentencias no solo se refiere a hacer efectivas condenas que pueden llevar aparejado el ingreso en prisión sino también al pago de multas o de indemnizaciones a las víctimas. Cuando las personas condenadas no hacen frente de forma voluntaria al fallo judicial, una vez que es firme, se abre un procedimiento para que dicha ejecución sea forzosa. La sección quinta tiene que revisar todos los expedientes y proceder, en caso necesario, a la subasta de bienes para garantizar el cumplimiento de esa condena.
En esta semana, se han publicado dos notificaciones de subasta pública referentes en un caso a un local comercial y en otro a una bodega. Se trata de bienes con las que poder obtener la reclamación de dinero pendiente para los pagos de una multa impuesta y de una indemnización por daños y perjuicios.
En concreto, se trata de obtener cantidades e 9.426 euros, con la puja de un local en Vigo valorado en casi 38.000 euros, y de 37.198 euros a través de la subasta de una bodega situada en Redondela.