Atlántico acompaña a una letrada en una jornada de guardia para conocer el trabajo de los abogados de justicia gratuita, que reivindican dignidad profesional con una huelga histórica e indefinida a partir del 21N
Su teléfono móvil suena a las 10:53 horas de la mañana, aunque la letrada viguesa María Jesús Martínez Borjas lleva pendiente desde las doce de la noche, que es cuando comienza su guardia ordinaria en el turno de oficio de asistencia al detenido. Es el Colegio de Abogados. Le informa de que tiene que acudir al juzgado: un caso de conducción sin carné y bajo los efectos del alcohol. El conductor no ha sido detenido y se presenta en la Cidade da Xustiza. Ella es la cuarta de la lista. Ha tenido suerte porque podía haber sido una asistencia en Gondomar, Baiona o Nigrán. “Tienes que desplazarte hasta allí y eso lleva su tiempo”, señala.
Llega a las 11:28 al juzgado pero ya había recibido una llamada porque se retrasaba. El caso es sencillo, no hay otra posibilidad que alcanzar un acuerdo de conformidad y, aunque después de hablar con el cliente y la fiscal, el procedimiento que iba para juicio rápido se solventa en menos de una hora, hasta las 13:15 no se firma. Al haber conformidad, cobrará por ello (menos que si hubiera juicio), algo que no hubiera ocurrido en caso de archivo por ejemplo. En esa situación, explica, hay un mínimo, una especie de bote común que se reparte al final entre todos los del turno. Ella, que está apuntada a todos los existentes (laboral, civil, administrativo, extranjería, violencia de género), asegura que de media al trimestre se pueden cobrar unos 1.600 euros y aunque afirma que en Galicia las bonificaciones son mejores que en otros puntos de España, son insuficientes. Mientras, sigue esperando en el edificio por si la llamaran para alguna declaración de Instrucción “suele pasar que avisen porque citan a investigados”.
Los abogados del turno de oficio y procuradores a nivel nacional han dicho basta. “Ya no es solo cuestión de dinero, sino de derechos y también de respeto, el trato cuando te tienen horas de espera en un pasillo pero te llaman para que llegues de inmediato, por ejemplo”, afirma. Ella, como portavoz de Marea Negra Galicia en Vigo considera la unión entre letrados un hecho “histórico” que les llevará a la huelga indefinida a partir del martes 21. “Hay que recordar que el turno de oficio es obligatorio, es decir, en Vigo porque hay letrados suficientes pero si no, como ocurre en otros lugares, tendríamos que estar en él”, explica ya una vez en el despacho, esperando por si vuelven a citarla.
Por la tarde, el teléfono vuelve a sonar. A las 18:00 tiene que estar en Comisaría para una asistencia a un detenido. En este caso son tres los arrestados por un presunto delito de allanamiento de morada y amenazas con arma blanca. Es un asunto más serio que puede prolongarse en el tiempo y que, de momento, le obliga a alargar su trabajo de guardia hasta el día siguiente, tras pasar casi otra hora en las dependencias de López Mora. “Tengo que presentarme a primera hora en el juzgado porque van a declarar y hay que estar presentes en las declaraciones de todos. Posiblemente, acabará en el Penal y puede llevar tiempo y múltiples diligencias, que no cobras hasta el juicio”, explica. Si se diera el caso de un hipotético archivo, “pagarían unos 120 euros aproximadamente por la asistencia en Comisaría y juzgado”. Los abogados del turno como María Jesús tienen que compatibilizar la justicia gratuita con sus clientes del despacho para percibir por todo el trabajo que se realiza.
Junto a las retribuciones dignas y la inclusión de la totalidad de las actuaciones realizadas y tiempos de disponibilidad, los letrados quieren una regulación jurídica del turno y, entre otras reivindicaciones, la cotización a la Seguridad Social así como el derecho a la conciliación, el descanso y la desconexión digital. “Es muy difícil tener vacaciones cuando en pleno mes de agosto te llega una notificación de lo Social, por ejemplo, donde ese periodo es hábil”, señala y añade que “somos un servicio público y por tanto estamos vinculados a la Administración”. El colectivo está “más unido que nunca” y la huelga podría poner patas arriba los juzgados.
