Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordara suspender de manera cautelar la tramitación de 13 parques eólicos pese a la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba dos de las causas esgrimidas para la paralización de estos proyectos, y de las críticas ayer de la patronal eólica gallega y de la Consellería de Industria, el alto tribunal gallego anunció que elevará el debate jurídico a Europa.
La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG plantea una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que determine si la Xunta debió poner a disposición del público interesado los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los parques antes de ser aprobados.
Estos informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, sobre turismo, salud, energía eléctrica o seguridad aérea, entre otras cuestiones.
La sala del TSXG ha acordado suspender el litigio en el que deberá decidir sobre la legalidad del parque eólico A Raña III, en Mazaricos (A Coruña). El alto tribunal gallego esperará al pronunciamiento del TJUE. Y expone que, para tomar una decisión, “resulta relevante decidir si la normativa interna (estatal y autonómica), relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en lo que concierne a la necesidad de que la Administración interviniente ofrezca a los interesados un trámite de audiencia después de la emisión de los informes sectoriales”.
Al respecto, los magistrados señalan que la parte demandante, la asociación ecologista Petón do Lobo, esgrime como motivo de nulidad los argumentos recogidos en una sentencia del TSXG de enero de 2022, relativa a la autorización de un parque eólico en el que, al igual que en este caso, no se había dado trámite de audiencia a los interesados en la emisión de informes sectoriales.
El alto tribunal gallego entiende que el artículo 6 de la Directiva 2011/92/UE obliga a los órganos que resuelven solicitudes de autorizaciones con efectos medioambientales a realizar previamente tres trámites: los dos primeros son otorgar audiencia al público en general sobre el proyecto y recabar los informes sectoriales de los órganos competentes en diversas materias; y, el tercero, que se realizaría con posterioridad, consiste en trasladar los principales informes sectoriales a los interesados (y no solo a los promotores) para que puedan formular alegaciones antes de la toma de decisión. En ese sentido, señala que la normativa estatal y autonómica podrían no haber traspuesto adecuadamente lo exigido en esa directiva europea, y priva a los interesados de su derecho a formular nuevas alegaciones.
La Xunta recurrirá las últimas suspensiones
La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, informó ayer de que la Xunta recurrirá las últimas suspensiones de parques eólicos decretadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. “Continuaremos luchando y esperamos que el Supremo corrija esta doctrina como ya hizo con las únicas cuestiones que hasta ahora pudo resolver, donde se anularon las resoluciones del TSXG”, afirmó Lorenzana.
Aunque mostró el “respeto absoluto” a las decisiones del alto tribunal gallego, señaló “no compartir” estas decisiones. “Continuaremos por la vía de recurso como ya hicimos, y ganamos, en el Supremo que anuló algunas de las resoluciones del TSXG”, remarcó la titular de Industria.
En esta línea, Lorenzana defendió el trabajo de los funcionarios que hicieron las declaraciones de impacto ambiental, y agregó que “en la ley de acompañamiento a los presupuestos se reguló el interés público superior de los parques eólicos, con lo cual se tiene que tener en cuenta por parte de los tribunales ese acompañamiento normativo”.
Incidió además Lorenzana en que las evaluaciones “se hacen con absoluta seriedad”. Y dijo que en 2023 “hubo más declaraciones de impacto ambiental negativas que positivas”: 48 negativas frente 45 positivas.
Inseguridad jurídica
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) lamentó que la “reiterada situación de inseguridad jurídica” que afecta al desarrollo eólico en Galicia pone en riesgo inversiones por unos 10.500 millones de euros. En un comunicado, la patronal eólica subraya que Galicia vive inmersa en “una coyuntura de incertidumbre e indefensión”, en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia de la judicialización masiva de proyectos que cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental y el correspondiente permiso de construcción.
A este respecto, AEE considera que Galicia necesitará ocho teravatios hora (TWh) adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Asimismo, estima que otros 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 megavatios (MW) de potencia, afectados por la judicialización, ponen en riesgo otros 4.200 millones de euros de inversión.
