Galicia cuenta con más de 40.500 gallineros de autoconsumo registrados, tal y como indica el decreto estatal al respecto y que la Xunta de Galicia considera “poco eficaz”, además de suponer un trabajo “ingente”.
De los 40.698 gallineros, la gran mayoría se encuentran en la provincia de A Coruña, concretamente 18.491. Ourense es la segunda provincia con más explotaciones de este tipo registradas, 9.341; seguida por Pontevedra, con 7.355; y Lugo, con 5.511.
La obligatoriedad de dar de alta los gallineros viene recogida en el Real Decreto 637/2021, que regula la avicultura. Si bien no se especifica concretamente el número de animales al que se puede llegar en cada explotación, en el artículo 2 se indica que una explotación de autoconsumo es aquella que no sobrepasa las 0,15 unidades de ganado mayor. Una unidad de ganado mayor (UGM) equivaldría a 200 gallinas ponedoras, por lo que 0,15 serían 30 animales.
Aunque este tipo de explotaciones no pueden comercializar carne, huevos ni otro tipo de productos, los dueños deben formalizar el registro; algo que pueden hacer en las oficinas de la Xunta de Galicia o telemáticamente (mediante el modelo MR501A).
La gestión es gratuita y en la solicitud deben incluir el número de aves, la localización concreta del corral (que puede revisarse en el Catastro o en Google Maps) y el sistema de cría (si las aves están a cubierto o al aire libre).
También deben mencionar a un veterinario “de referencia” al que poder echar mano en caso de surgir problemas sanitarios en los animales.
Multas de 600 euros
En cuanto a explotaciones de cunicultura de autoconsumo, aquellas cuyo censo máximo de hembras reproductoras en producción sea menor o igual a cinco y que no comercialicen su producción, no tienen obligación de registrarse, ya que quedan fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto 1547/2004, del 25 de junio, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones de cunicultura. Aunque los trámites son sencillos, para muchas familias que mantienen explotaciones para autoconsumo resulta un engorro al que antes no tenían que enfrentarse.
Pese a que el decreto no recoge multas ni sanciones, estas sí vienen especificadas en la Ley de Sanidad Animal, donde se especifica que las infracciones leven podrán sancionarse con multas de 600 a 3.000 euros o con apercibimientos. Estos últimos solo si no se observa “fraude o mala fe” por parte de la persona investigada.
Se valorará si la infracción es leve, grave o muy grave en base a, entre otros aspectos, el número de animales afectados, las circunstancias del dueño de la explotación y si este tiene y ha incumplido avisos con anterioridad.
Algunos ayuntamientos han registrado en los últimos días un gran número de peticiones de registro en las oficinas rurales de la Xunta. Es el caso del municipio lucense de Bóveda, que ha publicado un bando para informar de que ayudará a los vecinos que lo necesiten con los trámites. Con todo, al tratarse de un registro que puede hacerse online, desde las oficinas apuntan que los flujos no son fiables. La Xunta trata de “asesorar e informar” a la población para que pueda registrar sus gallineros “con todas las garantías”.
La Xunta se opuso a la implantación del decreto
La Xunta ha mostrado su disconformidad con lo recogido en el decreto que regula las inscripciones y en su momento presentó alegaciones en cada uno de los trámites de desarrollo normativo del mismo. En total, explican fuentes de la Consellería do Medio Rural, unas 40 alegaciones técnicas y una consideración general de relevancia, ya que opinan que las explotaciones de autoconsumo deberían quedar fuera del ámbito de aplicación del decreto.
De esta forma, apuntan, se aliviaría la carga administrativa de los vecinos. También la de la Administración, ya que dado el “importante” volumen de explotaciones avícolas de autoconsumo “y su volatilidad”, la Administración gallega ve el trabajo de registro “ingente y poco eficaz”.
Entienden que los únicos requisitos exigibles para este tipo de explotaciones deberían ser los relacionados con las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, así como las de permitir los controles oficiales y estar sujetas al régimen sancionador en su caso. Para la Xunta, esta es otra normativa “diseñada e implementada de espaldas al territorio, sin tener en cuenta sus particularidades”.
