Sandra Cid es asesora y gestora de empresas, además de experta en igualdad. Las asesorías se han encontrado, desde la pandemia, con un gran volumen de trabajo para cubrir actividad de las administraciones. Los colegios de graduados sociales han elevado sus quejas, sin mucho éxito.
Las asesorías se han convertido en “autorizados red” por la Administración para introducción de datos y esto se ha convertido en un sobreesfuerzo. ¿Cómo ha ido evolucionando?
Cada vez estamos peor. Este problema surgió en 2020 con el covid que, por la situación excepcional, empezaron a salir nuevos reales decretos con normativa, pero las administraciones públicas no tienen mecanismos para proceder a la gestión. Tiraron de las asesorías, por ser “autorizados red”. Tal es así, que las prestaciones de desempleo de todas las personas que pasaban al Erte las tuvimos que gestionar nosotros desde las asesorías. Entendimos que era una situación excepcional, pero se ha transformado en habitual.
Así que se ha alargado en el tiempo.
Eso es. Como han visto la respuesta por parte de las asesorías, siguen legislando.
Incluso gestionan las bajas laborales en las empresas.
Es otra de las últimas funciones que nos han asignado, las bajas médicas. Ahora cualquier persona trabajadora va al centro de salud, emiten una baja médica que le llega a las empresas. A nosotros nos llega el parte dos, tres o cuatro días más tarde, con ficheros ilegibles e incluso repetidos. Tenemos que comunicarlo a nuestros clientes y son funciones que no podemos repercutir en la cuota que les cobramos.
¿Y cuando deben cambiar una nómina varias veces en un mes?
No podemos repercutir ese coste al cliente. Tuve que contratar a una persona para estas funciones a mayores que tenemos que hacer desde 2020.
A ello se añade que la desconexión digital es una quimera.
Las notificaciones que nos llegan de todos los organismos las tienen automatizadas y nos pueden entrar a las diez o las doce de la noche. El caso concreto de la comunidad autónoma hemos hablado con ellos sobre el problema, porque ante la apertura de una nueva convocatoria de subvenciones, antes a las 9 de la mañana ibas a la Xunta y hacías la cola y presentabas la documentación, ahora, como está digitalizado y se presentan telemáticamente, esa convocatoria se abre a las doce de la noche. Son subvenciones que van por orden de entrada y entonces a las doce de la noche tienes que estar conectado.
¿Tienen una negociación en marcha?
Como colectivo hemos protestado ante la Administración a través de los colegios profesionales. Nos dicen que sí, pero no conseguimos nada. Lo hemos hecho también a través del Consejo General de Graduados Sociales, con reuniones con los ministerios. Hemos hecho varias manifestaciones, pero el éxito es cero. Ahora hemos creado el colectivo Asesores Unidos y en redes lo hacemos con el hastag #nosomosfuncionarios. Vemos que en la administración pública se está jubilando mucha gente, que no están sustituyendo y han visto en nuestro colectivo que les damos ese servicio.
Su asesoría es especialista en igualdad ¿también tienen estos problemas?
Desde el año 2020 se han publicado dos reales decretos donde queda muy bien recogido el plan de igualdad, pero nos hemos encontrado con la burocracia. Una de las primeras trabas es que las empresas que no tienen representación legal de la plantilla tienen que convocar a los sindicatos, que están saturados. Muchas empresas han seguido adelante y nos encontramos que nos impiden registrar el plan. Ya hay varias sentencias de tribunales superiores que obliga a dar por bueno ese plan de igualdad, pero nada.
