Justo lo justo

La huelga indefinida en la Administración de Justicia en Galicia continúa sin visos de llegar a una solución a corto plazo. Después de una semana de servicios mínimos, movilizaciones y manifestaciones, la Xunta aguanta el envite confiada en que la clásica y políticamente orquestada impopularidad de los funcionarios públicos le dé réditos más pronto que tarde, para poder dar carpetazo al asunto con una oferta justita y sin daños colaterales, teniendo en cuenta que el resto del sector público autonómico observa con atención.
El gobierno gallego se ha plantado en la que afirma es su última propuesta y pega un pelotazo largo al tejado de los trabajadores, que la consideran alejada de sus reivindicaciones y de la realidad. Mientras tanto, los representantes institucionales, sin escapar de la atención mediática aprovechan cada oportunidad para dejar caer la cuestión de la irresponsabilidad de quienes paralizan un sector público esencial por unos intereses caprichosos y desorbitados. Diciendo, pero sin decir, que a lo mejor los funcionarios son unos privilegiados de toda la vida, que se quejan de vicio, con unos sueldos que les han permitido tomar cafés holgadamente en época de crisis y unas condiciones laborales de rechupete, que ahora se permiten rechazar una oferta de la Administración más que generosa. Dicho o no dicho todo desde el más absoluto respeto, claro.
Lo triste es que la realidad laboral española es tan patética –especialmente en el sector privado- que la política de criticar a quienes reclaman los derechos que deberían corresponder a todos y ser defendidos por todos, por desgracia puede funcionar, poniendo como de costumbre a parte de la opinión pública en contra de la defensa de los servicios públicos que reclaman quienes mejor los conocen desde dentro. Pero hay que tener muy presente, que la huelga de la Xustiza gallega ha conseguido poner de acuerdo a todas las organizaciones sindicales -cuestión ésta pocas veces vista- y, lo que es más importante, con un seguimiento del personal casi inverosímil, tratándose de un paro en el sector público y de carácter indefinido. Es decir, que estamos ante una “Huelga o Victoria” no identificada hasta ahora (HOVNI), que exige el fin de la discriminación salarial de los funcionarios de Justicia en Galicia –por no hablar hoy de otros sectores-, y que reclama entre otras medidas básicas la equiparación en las bajas médicas del personal “manzanillo” o administrativo con los jueces, letrados judiciales y fiscales (que no sufren descuentos en dicha situación), la devolución de las partidas salariales que se recortaron entre 2013 y 2016, hasta la creación de plazas de refuerzo que atiendan las necesidades de la Administración de Justicia y la uniformidad salarial entre el personal fijo y los sustitutos.
Piden justo lo que es justo, de justicia. El problema es que la Xunta de Galicia quiere darles solo lo justo, que es su esfuerzo máximo dentro de lo mínimo que puedan reconocer. Ambas partes solo coinciden en querer justo lo justo, con interpretaciones bien diferentes. Y aunque en el medio suele estar la virtud, la solución tiene pinta de estar un poco más lejos porque, parafraseando a Quevedo, donde hay poca justicia es un problema tener razón.