Negó falsear certificaciones y manipular el presupuesto de obra
El administrador de una promotora se sentó ayer en el banquillo de los acusados para responder por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, además de estafa, insolvencia punible y alzamiento de bienes, en un proyecto de construcción de viviendas en A Guarda por el que las empresas subcontratadas o proveedores resultaron impagadas. Mientras el fiscal pide dos años de prisión por falsedad, las acusaciones particulares elevan hasta 13 la petición de condena. Los hechos tuvieron lugar en 2007, cuando su empresa contrató una hipoteca en garantía de un préstamo de 1.500.000 euro para construir un edificio de 15 viviendas. El acusado negó haber falseado certificaciones para retirar crédito o manipular el presupuesto y alegó que el mecanismo de pago era siempre el mismo pero que lo que falló fue “la venta de viviendas” en plena crisis.
