La sala sentará en el banquillo a Miguel Rosendo, por medio centenar de delitos, la mayoría de abusos, a su familia y a los otros miembros que solicitó el fiscal
Casi cuatro años después de la caída de la Orden y Mandato de San Miguel y de la detención de su fundador, Miguel Rosendo, la sección cuarta de la Audiencia ha dictado orden de apertura de juicio tras desestimar el recurso de las defensas del auto de conclusión de sumario.
La sala entiende que hay indicios de delito contra los investigados que propuso el fiscal así como los de la acusación particular y ratifica el archivo de la causa contra otros siete, entre ellos Marta Paz, una de las consagradas (las "monjas") considerada mano derecha del líder y el sacerdote Ignacio Oriol.
El auto determina por contra que Rosendo tendrá que responder por presuntos delitos de abusos (una veintena de ellos), contra la integridad moral, por asociación ilícita y blanqueo de capitales, delito extensible también a su mujer y a sus dos hijos. En concreto, destacan por su número los 24 delitos continuados contra la integridad moral y 25 de abusos sexuales.
A los otros seis procesados se les acusa de presunta asociación ilícita. En este grupo se encuentran Ivana e Iria, otras dos consagradas así como el que fuera tesorero de la orden. En el auto de procesamiento, el juzgado de Tui entendía que había indicios de que estos miembros participaron de forma activa haciendo cumplir las órdenes del líder. También se sentará en el banquillo uno de los jóvenes que denunció los presuntos abusos a una de la víctima, con el que se escapó de la orden y posteriormente se casó. Tras el auto judicial será el turno de las partes para realizar sus peticiones de penas, siendo la más relevante la que formule el Ministerio Fiscal.
El auto anterior ya había impuesto el pago de fianzas para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, concretamente más de 979.500 para que abonaran de forma conjunta y solidaria Miguel Rosendo, su mujer y sus hijos; 625.000 euros a todos los imputados salvo los tres familiares del líder; y además, a Rosendo le impuso otros 883.500 euros por el resto de delitos. También se dispuso la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, lo que fundamentó en que "la constitución y funcionamiento de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel estuvo amparada y actuaba al servicio y bajo la dependencia del Obispado".
