La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, ha anunciado hoy que la Xunta abrirá un expediente informativo a las empresas de transporte en autobús por el incumplimiento de los servicios mínimos en la huelga convocada todos los martes y miércoles desde el pasado 20 de junio contra el nuevo plan de transporte que está elaborando el Gobierno gallego.
Según Vázquez, el objetivo de este trámite es "analizar" si el "importante incumplimiento" de los servicios mínimos "conlleva directamente a una sanción", después de que tanto en el día de ayer como en el de hoy se produjesen graves alteraciones sobre las previsiones de actividad fijadas por la Xunta.
Así pues, en la segunda jornada de huelga se han incumplido el 87% de los servicios mínimos previstos para las líneas de uso general, mientras que en el transporte escolar ha ascendido hasta el 77% de incumplimiento, afectando a 57.000 alumnos de toda Galicia.
Por provincias, donde más incumplimientos ha habido ha sido en Ourense -el territorio más afectado por las renuncias que cubre esta primera fase del nuevo plan de transporte de la Xunta-, donde el transporte escolar no ha salido en el 92% de los casos, con 7.146 alumnos perjudicados.
Mientras tanto, en Pontevedra el incumplimiento ha sido del 86% y ha afectado a 25.649 alumnos, por un 70% de Lugo -7.200 alumnos- y un 62% en A Coruña -17.694-.
Estos son los datos que la conselleira ha ofrecido tras mantener una reunión de trabajo "para valorar la incidencia" de la huelga en el sector, junto con secretarios técnicos y el mismo conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.
De acuerdo con los datos de la Xunta, el paro ha sido secundado solo por el 44% de los trabajadores, pero -ha lamentado Vázquez- "la coacción de los piquetes está afectando de forma sustancial a los servicios mínimos".
Asimismo, la responsable de Infraestructuras del Gobierno gallego ha querido aprovechar la ocasión para trasladar el mensaje de que el nuevo plan de transporte por carretera de la Xunta "nace de la premisa de blindar y garantizar el empleo", que podría incluso incrementarse con la contratación de más cuidadores para las líneas escolares.
Por ello, ha querido desmentir "rotundamente" que vayan a perderse "mil empleos" con la aplicación del nuevo plan, que también es -ha asegurado- una "garantía" para el tejido empresarial gallego de que se adapta a las necesidades de todos los usuarios.
"Las puertas están abiertas para hablar", ha insistido Vázquez, quien, no obstante, ha advertido a empresas y sindicatos de que los piquetes y el incumplimiento de los servicios mínimos no son "el camino del diálogo".
De todas formas, no ha querido pronunciarse todavía sobre posibles sanciones, un tema que ha dicho que tratarán con "detenimiento" desde el Gobierno y darán a conocer cuando tengan "la decisión tomada".
Sobre la ruptura de las negociaciones y el plantón dado por el sector a la Xunta este lunes, la conselleira ha explicado que su intención era "trabajar conjuntamente y poder explicar detenidamente, a los sindicatos por un lado y a las federaciones por el otro", las particularidades del plan y su aplicación, dado que estos actores tienen "intereses propios" y "distintos".
"Los foros, cuanto más pequeños, mejor", ha abundado, antes de opinar que, en cualquier caso, el formato de la reunión "no puede ser un arma de coacción contra la administración", ya que tanto patronal como sindicatos descartan reunirse con el Gobierno si no están presentes todas las partes.
Del mismo modo, Vázquez se ha mostrado inflexible en cuanto a las posibilidades de dar marcha atrás a la implementación del plan, ya que -ha sentenciado- "no hay otra alternativa" y, aunque "todo es mejorable", esta hoja de ruta es la única "garantía de que tengamos servicios y de que tengamos empleo a partir de agosto".
De esta forma, se ha desmarcado de la propuesta de los empresarios de seguir prestando el servicio temporalmente pese a la caducidad de las concesiones.
"Son intereses empresariales y económicos", ha denunciado, que "no son legales ni podemos admitirlos".
Por su parte, Román Rodríguez ha lamentado los "perjuicios muy importantes de conciliación" que ha causado el incumplimiento de los servicios públicos en materia de transporte escolar y ha subrayado que la apertura de un expediente informativo es una medida "justa" si se tiene en cuenta que se ha impedido el acceso a la educación de muchos alumnos.
